Ante el incumplimiento reiterado de la normativa sobre prestación del servicio de sillas y sombrillas por parte de algunos edificios, la Intendencia de Maldonado (IDM) procedió apoyada por efectivos de Prefectura, incautó elementos en varios puntos de la Playa Brava de Punta del Este.

La directora de Medio Ambiente de la IDM, Bethy Molina, explicó que previo al comienzo del verano “cuando se entregaron los permisos a las administraciones de los edificios se les dejó en claro cuál es la ordenanza vigente”, a pesar de lo cual “se reciben denuncias y se constataron irregularidades en algunas zonas”.

También recordó que en el mes de enero la Intendencia de Maldonado convocó a los responsables de edificios sobre la costa a una reunión “justamente para solicitar que el servicio prestado se ajustara a la normativa vigente, la cual tiene por objeto principal asegurar el uso público del espacio costero”.

Muchos edificios, a pesar de las advertencias hicieron nuevamente oídos sordos y continuaron literalmente invadiendo las playas con gran cantidad de sombrillas, camastros, sillones y pequeñas mesas, impidiendo el libre uso de otros bañistas que han hecho sentir sus quejas.

La reglamentación es clara y establece, entre otras cosas, que antes de la hora 9.00 de cada jornada se podrán instalar hasta 3 sombrillones y 6 reposeras a una distancia no inferior a los 10 metros de la línea de la rompiente de la ola y no más de esas cantidades.

Esos implementos deben ser retirados de inmediato al irse los usuarios y sólo se podrá instalar una cantidad que exceda lo mencionado ante solicitud de usuarios que ocupen inmediatamente esos espacios. Lo que no se esté empleando, tendrá que ser acopiado en la parte alta de la playa.

La mayoría de los edificios, violando las disposiciones y evidentemente para ahorrar en el pago de trabajadores que debieran estar dedicados exclusivamente a ese servicio, en horas de la mañana instalan decenas de implementos, muchos de los cuales no llegan siquiera a ser usados.

Los elementos incautados en el operativo, bajo acta serán devueltos a los respectivos edificios, ya que se trata de la medida más dura prevista en la reglamentación que, no establece ninguna multa de carácter económico por estos hechos irregulares y reiterados en el tiempo.