El diputado colorado se reunió días atrás con integrantes del Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro de Maldonado (Cepatama), quienes le plantearon la difícil situación que está atravesando el sector por la emergencia sanitaria, lo que ha provocado una caída estrepitosa de sus ingresos.

Cepatama señala, en documentos entregados al diputado Eduardo Elinger, que la emergencia sanitaria y la drástica reducción de los viajes ha provocado el consecuente descenso de la facturación, alcanzando al 80% en Maldonado y el 100% en Punta del Este.

El legislador informó que, frente a la acuciante problemática que deben afrontar los propietarios de taxímetros de Maldonado desde el punto de vista tributario, recibió una serie de peticiones que, se compromete a elevar a los distintos destinos solicitados.

“Estamos hablando de unas 400 familias que directa e indirectamente dependen de esa fuente laboral”, dijo Elinger, aunque es consciente de que el Poder Ejecutivo y distintos organismos estatales, “diariamente están analizando y evaluando medidas paliativas para toda la actividad productiva del país”.

Cepatama informó que desde el 15 de abril y ante el escenario planteado, decidió extender una mano a las familias relacionadas con el taxímetro, proporcionándole una “Canasta Amiga” a cada chofer, aunque admiten que la situación es tan acuciante que más de un patrón también la solicitó.

Remarcan que la facturación en Punta del Este cayó a cero, entre otras cosas por el cierre temporal del hotel Enjoy “donde gran parte de nuestros colegas prestan servicios al mismo y desde el 13 de marzo a la fecha se encuentran completamente varados y la carga tributaria no cesa…”.

Las peticiones

Cepatama solicita que se exima el pago de la inspección anual de taxímetros regulada por el LATU, debido a la crisis profunda que vive el sector desde la llegada de las APP, agravándose aún más por la crisis sanitaria. Remarca que era “un beneficio que usufructuábamos hasta hace aproximadamente tres años atrás”.

En el mismo sentido, reclama que dicho control lo vuelva a realizar la Intendencia de Maldonado, ya que “las consecuencias de esta nueva normalidad llevaron a que algunos a socios, se les haya dificultado afrontar los pagos de los tributos (BPS, DGI) para poder mantener las empresas como corresponde”.

En cuanto a la DGI, piden que se disminuya a la mitad el importe, por lo menos hasta el mes de septiembre, que es la fecha donde se considera que podría volver a reactivarse la actividad en esta zona turística, y el aumento del descuento de aportes patronales al BPS del 40% al 60%, hasta el mismo mes.

Respecto a los seguros de paro, piden que se extiendan a 8 meses, ya que “gran parte de los choferes están en ambos seguros de paro (parcial o total)”, desde el mismo viernes 13 de marzo, cuando el Poder Ejecutivo declarara la emergencia sanitaria en el país.