La problemática fue denunciada por vecinos de la zona que, han encontrado respuestas en la Intendencia de Maldonado que a través de las direcciones generales de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud, y Asuntos Legales, junto al Municipio de San Carlos, está concretando el derribo de las construcciones.
En el mes de junio del año pasado, un grupo de residentes de la zona de Santa Mónica, reclamó por la proliferación de construcciones ilegales, lo que se sumó a denuncias del edil nacionalista Alexandro Infante, y mucho más atrás en el tiempo de quien fuera diputado por Maldonado, Nelson Rodríguez.
De acuerdo a las denuncias, algunas de las construcciones estaban ocupadas en forma permanente, pero otras solamente en verano. De acuerdo a lo informado por el director general de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud de la Intendencia de Maldonado, ya se demolieron 10 construcciones.
Alejandro Lussich explicó que, “en algunos casos se consiguió la desocupación voluntaria, mientras que en otros, habilitados por la Ley de Ordenamiento Territorial se procedió a la demolición ya que se encontraban deshabitadas y estaban construidas sobre espacios públicos”.
Coincidiendo con las impresiones recogidas en cada denuncia anterior, Lussich reveló que al llegar al lugar había una “sensación de desorden y falta de higiene”, por lo cual a la ocupación de tierras en una zona turística, se suma el impacto ambiental por la proximidad a la Laguna José Ignacio.
Algunos testimonios de residentes del lugar dan cuenta que “el problema existió siempre, pero recientemente se llenó de ocupaciones al estilo asentamiento, aumentó la presencia de basurales y también la delincuencia, además de constatar que se taló hasta un monte de eucaliptus”.
Vecinos -que enviaron una nota a la Jefatura de Policía y a la IDM- reconocen que “si bien la Intendencia (de Maldonado) ha actuado, también debería intervenir la Dirección Nacional de Medio Ambiente porque hay zonas protegidas y una gran cantidad de predios se han convertido en basurales”.
Larga data
Más de una década atrás, entre una serie de denuncias realizadas por el entonces diputado Nelson Rodríguez sobre ocupaciones ilegales al Este del arroyo Maldonado, ya surgía la preocupación en la zona de Santa Mónica y más puntualmente en proximidades de la Laguna José Ignacio.
Más recientemente, en el mes de mayo de 2019, el edil nacionalista Alexandro Infante denunció una masiva ocupación de terrenos -de propiedad privada, que “no está siendo debidamente controlada por los organismos competentes”, en áreas costeras y otras.
En cuanto a la situación en Santa Mónica, afirmó que “adentro, por ejemplo, ya hay un barrio todo de ocupantes. Este es un caso especial porque encima es un barrio en el que la tierra está catalogada de fragilidad ecosistémica...”, y no se exige lo mismo que a los inversores.
“Cuando aparecen los ´ocupas´, contaminan las lagunas, el medio ambiente, la tierra y no siguen ninguna regla de construcción de las tantas que piden la Intendencia o la Dinama, cuando a veces nos cancelan una fiesta en Punta del Este o en Maldonado porque tocamos una duna...”, se lamentó.
En el mismo sentido señaló que en el caso de las ocupaciones, no se realizan inspecciones de “todo el desastre ecológico que se está haciendo en las lagunas, puntualmente en Santa Mónica; no existe organismo del Estado que pueda controlar eso, que controle lo que se hace…”.
En este marco, exigió que se debe tomar “al toro por las guampas, porque (esta situación) perjudica también nuestra matriz productiva, que es el turismo y la inversión. Están degradando las propiedades ya instaladas y están corriendo al inversor serio que puede venir a invertir al departamento”, dijo Infante.
