La usurpación de terrenos públicos y privados sigue avanzando, según lo denunció el diputado nacionalista de Maldonado, Diego Echeverría, quien semanas atrás realizó un pedido de informes por esta situación. Por otro lado el también blanco Rodrigo Blás, presentó un proyecto de ley.

El diputado del PN, Diego Echeverría continúa trabajando en procura de soluciones para la problemática de las ocupaciones en tierras públicas y privadas de Maldonado que, en algunos casos se señala, son realizadas por grupos organizados y no por familias necesitadas de vivienda.

En las últimas horas, el legislador se reunió en Maldonado con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga y con el Jefe de Policía, Julio Pioli, para analizar los distintos caminos y acciones a tomar en la materia porque las ocupaciones de terrenos públicos, continúa.

Los tres coincidieron en la necesidad imperiosa de mostrar un Estado firme y presente para evitar el avance de las ocupaciones ilegales, para lo cual, señaló Echeverría, es vital el rol y las distintas acciones que pueda implementar la cartera de Interior, en este caso a través de la Policía de Maldonado.

“No hay posibilidad de convivencia social sin una autoridad que se respete. La ley está para cumplirse, y esa es la postura inclaudicable de nuestro gobierno”, indicó Diego Echeverría. Por el momento no se conoce la opinión del ministro Jorge Larrañaga al respecto.

Insistencia

Cabe recordar que, semanas atrás el legislador cursó un pedido de datos e informes al Ministerio de Educación y Cultura con destino a la Fiscalía General de la Nación, motivada por las alarmantes y sostenidas ocupaciones ilegales que se están registrando en el departamento de Maldonado.

Echeverría, admitió que “es preocupante el avance de ocupaciones ilegales en Maldonado” y recordó que, “venimos trabajando en el tema desde hace tiempo y vemos los enormes esfuerzos de la Intendencia de Maldonado”, lo que no ha frenar las ocupaciones en distintas zonas.

Pocos días después, su par Rodrigo Blás, presentó en la Cámara Baja un proyecto de ley para darle facultades a los gobiernos departamentales a desalojar de forma sumaria aquellos predios públicos y privados que sean ocupados. Sostuvo que se necesitan más herramientas.

Ante la imposibilidad real de evitar la ocupación de terrenos o viviendas públicas y/o privadas, más allá de lo previsto por la Ley de Usurpación, decidió presentar un proyecto para evitar estas situaciones y establecer un proceso civil de desalojo que resulte ejecutivo.