El legislador nacionalista, fue entrevistado en el periodístico Frecuencia Abierta de Aspen FM de Punta del Este, donde explicó los alcances del proyecto de ley que presentó para lograr controlar las ocupaciones ilegales, pero también, se refirió a polémicas construcciones que se desarrollan en la costa de José Ignacio, y al megaproyecto del italiano Giuseppe Cipriani.

Consultado sobre el tema ocupaciones en el departamento de Maldonado, Rodrigo Blás dijo que hay diferentes situaciones, una que no es nueva y es el corrimiento hacia los asentamientos, “de una cantidad de gente que no encuentra una salida económica a su vida, y opta por eso; es una opción entre estar peor y estar mal”.

“Nadie va hacia un asentamiento social contento, va porque no tiene más remedio. Esa es una situación que es muy larga en Maldonado, donde hemos tenido, regularizado, vuelto a tener, una cantidad de asentamientos. Pero también hay otro grupo donde hay una conducta organizada”, agregó.

Consideró que en este último caso, “hay un ánimo desestabilizador, un ánimo de aprovechamiento económico sobre una cantidad de tierras públicas y privadas que, resulta nuevo en su virulencia; porque una cosa era cuando aparecía alguien en algún terreno, ahora vemos el avance de grupos organizados”.

“Es preocupante porque toman una tierra de gran extensión que escapa a la que puede precisar una familia para vivir, y que luego la venden y en 48 horas realizan una sentamiento aprovechando los fines de semana donde la presencia de los controles disminuye notoriamente en todos lados”, señaló.

Agregó que en estos casos se requiere además estar en una situación económica particular porque nadie puede levantar “un rancho en 48 horas” si no tiene un apoyo atrás, y es ahí, dijo Rodrigo Blás donde “el Estado tiene que tener armas más efectivas para evitar que eso suceda”.

Allí se enmarca el proyecto de ley presentado semanas atrás, que pretende otorgarle a las intendencias “un arma para que pueda cumplir su rol constitucional de policía del ordenamiento territorial, “que hoy no pueden hacerlo completamente pese a la vigencia de la Ley de Usurpación”.

Su propuesta a punta a generar un proceso judicial “abreviadísimo (sic), civil, no penal, porque no queremos criminalizar la ocupación porque hay distintas situaciones; que permita desalojar el terreno propio o el privado en un plazo de 20 días” de manera de acelerar los procesos que hoy son muy largos.

Estima que el tema va a ser de rápida resolución en el Parlamento porque hay un espíritu amplio de preocupación, ya que Maldonado no es el único departamento que atraviesa este tipo de problema, por lo cual, ya ha tenido contactos con legisladores, con el Poder Ejecutivo y las intendencias de Rocha y Maldonado.

Dijo que esta solución, una similar, una con agregados, o con algunos cambios, “va a tener a corto plazo una resolución parlamentaria, porque el tema ocupa, preocupa y es una de las prioridades del gobierno, tratar de parar esta especie de ola de asentamientos en forma desordenada”.

Las tierras costeras

En relación a construcciones que si bien se desarrollan en predios particulares, están ubicadas sobre la primera línea de costa, como se ha denunciado en las últimas semanas en José Ignacio y su entorno, aclaró que hay varias situaciones que son distintas.

Una es un desarrollo sobre Ruta 10, de un fraccionamiento con casas, donde “se observó un problema de ejecución del proyecto”, porque, “el nivel de la calle está por encima de lo proyectado que, ya se corrigió o se mandó corregir. Es un problema de ejecución de altimetría que va a tener solución”.

Diferente es el problema que calificó de más intrincado, de algunas construcciones sobre el mar en la península misma de José Ignacio, de la que admitió no tener demasiada información. Allí no se cumpliría la ordenanza muy particular que fue aprobada especialmente para las manzanas de esa zona.

La misma contempla el tipo de construcción permitida, y “aparantemente las construcciones que se están llevando adelante son dos casas muy grandes, no cumplirían la ordenanza de José Ignacio, sobre todo por los materiales que utilizan” aunque aclaró que la norma es vieja y de difícil interpretación.

Empero, consideró que por un lado los procedimientos administrativos deben seguir el curso que corresponde, y por el otro tener bien claro que la excepción en José Ignacio, en la península, “no es querible, no es deseable”, ya que la ordenanza vigente desde hace 40 años ha permitido un crecimiento, pero armónico.

Eso, dijo Rodrigo Blás, “lo debemos conservar como un bien general del departamento y en ese sentido siempre se ha sido muy estricto; los distintos gobiernos han sido muy estrictos en no permitir excepciones en el casco de José Ignacio, y yo creo que eso es algo que tenemos que mantener”.

En consecuencia, aclaró que, si existe alguna irregularidad en esas construcciones, “están los procedimientos administrativos para que se cumpla esa ley; no es querible, no es bueno avanzar sobre lugares con una identidad tan marcada como es José Ignacio” u zonas como la del faro de Punta del Este.

El proyecto Cipriani

Rodrigo Blás estimó que las demoras tienen mucho que ver con la situación de pandemia que atraviesa el mundo, aunque entiende la ansiedad que genera el retraso en el comienzo efectivos de las obras en el privilegiado predio donde se encontraba el hotel San Rafael de Punta del Este.

“El mundo se cayó. Hablar hoy de una inversión en hoteles en el mundo por más que no son cosas de un día para el otro, no es el mejor momento, tenemos el turismo parado. No obstante, la voluntad de Cipriani de seguir adelante es manifiesta y la conoce todo Maldonado y todo el país”, afirmó.

Dijo que es optimista en cuanto a la voluntad del empresario de desarrollar el proyecto, aunque con modificaciones -si se aprueban-, porque “hay que tener en cuenta que ya invirtió cuarenta millones de dólares, no agarró la guitarra y está payando, hay una inversión en la tierra”.

Sostuvo que hay que tener una mirada positiva y que solo es una cuestión de tiempo, porque ese emprendimiento será muy importante para Maldonado, ya que generará miles de plazas laborales durante su ejecución, más las que luego demande el propio complejo con hotel, apartamentos y casino.