Este jueves 22 de julio, el legislador de Cabildo Abierto por Maldonado, presentó en la Cámara Baja acompañado por el líder de su partido, un proyecto de ley que penalice los delitos informáticos que no están contemplados en el Código Penal.
Según el diputado Cal, el propósito de su proyecto de ley es afrontar una problemática que se está gestando desde hace algunos años, pero que se vio exponencialmente incrementada a raíz de la pandemia, como consecuencia del auge de las actividades realizadas por medios informáticos.
A través de variadas modalidades, los ciberdelincuentes logran acceder a datos personales para luego utilizarlos en maniobras tendientes a vaciar cuentas bancarias, realizar compras con tarjetas de crédito, solicitar préstamos y concertar distintas transacciones financieras en nombre del damnificado.
También suplantan identidades para obtener credenciales (usuario y contraseña), solicitando dinero a cambio de la recuperación de las mismas, inmiscuirse en sitios de foros o juegos donde participan menores de edad para hacerse de fotos, audios o videos pornográficos.
Otras modalidades son la divulgación de contenidos íntimos a través de redes sociales o medios de comunicación masiva, alterar el funcionamiento de empresas, “y muchas otras maniobras que hoy carecen de tipificación expresa en el Código Penal uruguayo”, esgrimió el legislador de Cabildo Abierto.
Desde el mes de abril, estas conductas aumentaron significativamente, afectando a cientos de uruguayos (tanto personas como empresas) semanalmente. “Hemos sido testigos de las campañas de ciberseguridad, generadas por las instituciones financieras en pro de la defensa y formación de sus clientes”, acotó Cal.
También hizo referencia a las exhortaciones emitidas por distintos expertos (fiscales, asesores y demás), “a los efectos de ser cautos con la información que compartimos habitualmente, mantenernos alerta y vigilar a los más pequeños de la familia, a la hora de utilizar canales digitales”.
En este contexto, el diputado Sebastián Cal y su equipo redactaron el referido Proyecto de Ley que se funda en dos pilares fundamentales: a) la tipificación de nueve delitos (entre los cuales destacan: el acoso telemático, la suplantación de identidad, la estafa informática, etcétera).
Las penas irán desde los seis meses de prisión a los seis años de penitenciaría, dependiendo de la gravedad de la conducta y la capacidad de afección de las víctimas; y b) medidas educativas consistentes en cursos para estudiantes de secundaria y escuelas técnicas.
“De este modo”, concluyó el legislador cabildante, “se abre el camino de la discusión parlamentaria para la actualización de la normativa penal, con el fin de sancionar a quienes cometen estos delitos y generar un marco jurídico que proteja a los uruguayos ante las nuevas modalidades criminales”.
