La Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó una acción por lesión de la autonomía departamental presentada por la Intendencia de Maldonado contra una resolución de la Cámara de Diputados del año 2017, luego que la bancada de ediles del Frente Amplio y el colorado Juan Eduardo Silvera se opusieran a una decisión de la comuna de legitimar la propiedad privada de padrones en la zona costera de Eden Rock.

La SCJ entendió que la resolución de la administración Antía respecto a esos padrones costeros de Eden Rock, “encubrió una transacción, resulta ilícito que se haya dictado sin haberse recabado la autorización de la Fiscalía Departamental y de la Junta Departamental de Maldonado”.

La Cámara de Diputados votó afirmativamente el informe de la Comisión que analizó el recurso interpuesto por 15 ediles opositores de Maldonado, contra la decisión de la Intendencia de Maldonado de autorizar el cobro de la Contribución Inmobiliaria a padrones costeros de Eden Rock.

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de Diputados contó con 60 días para expedirse, tras recibir en distintas instancias a todas las partes para ampliar la información sobre el caso, y finalmente el informe fue aprobado por mayoría el 14 de noviembre de 2017.

El pleno de la Cámara de Diputados, aprobó el informe por 55 votos en 74 diputados presentes en sala, que accionaba el Artículo 303 de la Constitución de la Republica. Los votos afirmativos fueron: 50 del Frente Amplio, 3 del Partido Colorado, 1 de Unidad Popular y otro del Partido de la Gente.

El mecanismo consistió en presentar un recurso ante la Cámara de Diputados, para accionar el Artículo 303 de la Constitución, que prevé la “anulación por ilegalidad: no respeto de la franja costera legal y falta de aprobación de la transacción por parte de la Junta Departamental”.

El proceso

El edil colorado, doctor Juan Eduardo Silvera, fue el denunciante del caso en la Junta Departamental de Maldonado. El miércoles 27 de septiembre de 2017, los 15 ediles que firmaron el recurso, comparecieron ante la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de Diputados.

El mismo día aunque en forma independiente, lo hicieron representantes de la Intendencia Departamental de Maldonado, quienes aportaron toda la documentación probatoria de las acciones relacionadas con el polémico caso de las tierras de Eden Rock.

A todo esto, el último acontecimiento tuvo que ver con la decisión adoptada por el MEF (originalmente una de las partes demandadas por el particular que reclamaba las tierras costeras de Eden Rock), de oponerse al desistimiento del juicio, pretendiendo que el mismo llegara a sentencia.

En representación del MEF, la abogada Alicia Guidini presentó ante el Juzgado de 1ª instancia de 5º turno de Maldonado, un recurso de queja por denegación de apelación y reposición y apelación, solicitando que se investigara si se había incurrido en un “fraude procesal”, que ya habría pasado a la órbita Penal.

El Ministerio de Economía, fue originalmente codemandado junto con la Intendencia de Maldonado por Jorge Cristian Rey, quien alegaba ser dueño de los solares en disputa. A partir de la denuncia formulada por Silvera, la cartera comprobó que la IDM acordó detener el juicio.

Encendió la mecha

El 25 de julio de 2017, Silvera (PC) denunció en la Junta Departamental, que era “extraño” que en momentos en que la Intendencia de Maldonado ganaba juicios de particulares que reclamaban derechos de propiedad sobre la faja costera de 150 metros, “ésta decida suspender esos juicios para negociar”.

Silvera centró su denuncia puntualmente en la situación verificada en la zona de la playa Eden Rock, ubicada frente a la boya petrolera de Ancap, donde tres particulares iniciaron demandas reclamando derechos de propiedad, aunque dos casos ya habían sido desestimados por la Justicia.

“Pero uno, que no llegó hasta el final del juicio, presentó junto con la Intendencia, en el Juzgado de 5° Turno, un escrito diciendo que quería dejar sin efecto el juicio en virtud de una resolución de la Intendencia del día 2 de junio de 2017”, cuya publicación, acotó, no se había encontrado.

El doctor Silvera, agregó que “esta persona, que reclamaba pagar lo que no le cobraban de impuestos, lo cual es extrañísimo, pide reiteradamente dejar sin efecto el juicio. Es que la Juez no ha hecho lugar al pedido y les está solicitando a las partes diversas aclaraciones”.

Complementó que el demandante, había presentado en menos de un mes 4 escritos “desesperado por decir que no quiere seguir”, lo que le llamaba profundamente la atención, aunque estimó que podía haber llegado a un acuerdo extrajudicial con la Intendencia de Maldonado.

Entre otras consideraciones, Silvera sostuvo que es difícil que la IDM pierda en este tipo de reclamos, recordando que muchos años atrás, cuando se dejó de emitir la Contribución Inmobiliaria para quienes alegaban derechos en la playa, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la amparó.

“Ahora, al cambiar el gobierno, vuelven a insistir los particulares con este tema, evidentemente porque no tienen ningún derecho de propiedad y lo único que pueden obtener es pagando el bajo tributo que cuesta la Contribución Inmobiliaria rural para después prescribir y hacerse dueños de lo público”, agregó.

Silvera visitó el lugar donde no había ni un alambrado por lo cual dedujo que nadie “está poseyendo” y ningún particular puede reclamar ser dueño de esos terrenos, que por otra parte se encuentran en una franja de costa (entre la Ruta 10 y el mar) donde está impedido construir.

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