Este jueves 23 de marzo tuvo lugar la ceremonia de egreso de la generación de agentes de Policía formados para desempeñarse en la Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida, que monitorea el cumplimiento de las medidas alternativas a la prisión que dispone la Justicia. Son 65 los agentes especialmente formados para esta tarea.

 

La ceremonia de egreso de la primera generación de agentes de Policía formados para desempeñarse en la Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida, que monitorea el cumplimiento de las medidas alternativas a la prisión dispuestas por la Justicia, contó con la presencia de distintas autoridades.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, destacó la capacitación que recibieron los 65 agentes, en el Centro de Formación Penitenciaria (Cefopen), porque complementa su educación como policías, y afirmó que es preciso continuar invirtiendo en este camino.

Agregó que se debe asegurar un monitoreo eficiente del cumplimiento de las medidas y que estas no se constituyan en una forma de libertad encubierta. “Tenemos que ponernos en el lugar de los damnificados”, sostuvo, quiene4s muchas veces se sienten desprotegidos por estas medidas.

Además, el jerarca remarcó que se trata de la primera generación de egresados del Cefopen para cumplir esta tarea específica. Consideró que ello representa un gran cambio, ya que los funcionarios dedicados hasta el momento a la labor habían sido derivados de diferentes establecimientos carcelarios del INR.

El director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, valoró la estrategia de la cartera de potenciar la dirección y afirmó que con estos 65 agentes se aumenta un 40% la cantidad de trabajadores a disposición. Asimismo, recordó que el INR también supervisa las salidas transitorias de los reclusos.

En Uruguay, hay más de 20.000 medidas alternativas a la reclusión en vigencia, entre las que se cuentan las tareas comunitarias, la libertad a prueba y la prisión domiciliaria, parcial o total. En este sentido, apuntó que se concretó la compra de 800 tobilleras electrónicas: 200 para control de prisión domiciliaria y 600 con GPS.

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