El viernes 9 de septiembre del año pasado, la jueza letrada en lo civil de 7° turno, Virginia Ginares, resolvió que se mantuviera la decisión adoptada por el juez de feria Alejandro Recarey el 8 de julio, que había dispuesto la detención de obras que tuviera previstas la IDM, desde la Brava de Punta Colorada en dirección a Punta Negra. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2° turno fue el que resolvió el levantamiento de aquella resolución.

La directora general de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado, Adriana Graziuso, anunció que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2° tumo, levantó la medida cautelar impuesta por el juez Alejandro Recarey, que, el viernes 8 de julio del año pasado dispuso la detención de obras previstas desde la Brava de Punta Colorada en dirección a Punta Negra.

La decisión judicial incluía la suspensión de la obra de continuación y remodelación de la rambla de Punta Colorada, así como el retiro de arena muchas veces realizado para liberar el tránsito por Ruta 10 ante el avance de las dunas durante la ocurrencia de fuertes temporales costeros.

La principal argumentación para levantar la medida, es que no existe obra en desarrollo, ya que la misma se terminó hace más de un año. Solamente, aclaró la jerarca, se efectuaron en esa zona trabajos de acondicionamiento y remodelación, “puesto que esa rambla tiene una antigüedad de 60 años”.

El jueves 14 de julio, el Ejecutivo Departamental de Maldonado, representado por el abogado Hugo Álvez, había presentado en el Palacio de los Tribunales, en Montevideo, los recursos de reposición y apelación contra el fallo del juez Alejandro Recarey emitido el viernes 8 de julio.

Pero posteriormente, el viernes 9 de septiembre la jueza letrada en lo civil de 7° turno, Virginia Ginares, resolvió que se mantuviera la decisión adoptada por el juez de feria Alejandro Recarey, con lo cual se rechazaron esos recursos que había interpuesto la administración Antía.

La decisión de Recarey, había sido consecuencia de una acción de amparo que presentó “Nativos Punta Colorada” y la Comisión Fomento de Punta Colorada (CFPC), en el entendido de que había “peligro de lesión al medioambiente”, por eventuales daños en la cadena dunar y en la playa.

Entendió, asimismo, que “la remodelación proyectada por la IDM afectará aún más la agresión del ecosistema de la playa, especialmente sobre la movilidad de las dunas conduciendo a una progresiva erosión y desaparición de las mismas”, algo esgrimido por los accionantes en varias ocasiones.