El jefe comunal sostuvo una reunión de trabajo con Robert Bouvier por espacio de una hora y media. Allí le transmitió la posición del gobierno de Maldonado sobre el tema, que se resume en la defensa de Punta Ballena, sin desconocer el carácter privado que tienen las tierras en cuestión.

Para Enrique Antía la defensa tiene que realizarse en forma inteligente, en la cual se respete la propiedad privada y el lugar, aunque hay sitios donde no se van a permitir edificaciones por parte de la Intendencia Departamental, porque son áreas de patrimonio, “ya no de Maldonado, sino del país”.

“Llevé alguna documentación, y el Ministro de Ambiente tiene hoy (por el miércoles) un encuentro y un acuerdo con el presidente de la República y le va a informar la posición de Maldonado, la posición del Ministerio”, dijo Enrique Antía tras salir del encuentro sostenido con Robert Bouvier.

Ante la consulta de cuál es la postura de la administración, Antía no dudó en afirmar que es de “defender Punta Ballena, y hay maneras de defenderla en forma inteligente y que también se respete lo de la propiedad privada, pero hay lugares donde no vamos a permitir edificaciones”.

Reiteró que hay áreas públicas, que son patrimonio de todo el país, “ni siquiera de Maldonado”, y con las que la Intendencia Departamental se va a alinear junto a la comunidad “porque sabe que es el único camino que hay que recorrer” en defensa de uno de los paisajes más espectaculares de la costa.

Mucha cautela

El titular del MA, fue entrevistado la mañana de este jueves en Desayunos Informales de canal 12, donde fue muy cauto respecto a la polémica desatada, y aclaró que “estamos ante una iniciativa privada en terrenos privados” por lo que al ministerio lo que le corresponde es dar la autorización ambiental.

Admitió que el proyecto es de un fuerte impacto por lo cual fue calificado como C en la escala prevista por la ley, lo que significa que además de la puesta de manifiesto, obligatoriamente se debe llegar a audiencia pública. “Nos parecía que el impacto que iba tener el proyecto es importante”, dijo.

También dijo que ante un pedido acompañado por 3.000 firmas se amplió el plazo de la puesta de manifiesto hasta el 12 de diciembre (plazo máximo legal que se puede otorgar), instancia a la que ya se habían adherido 10.800 consideraciones que no solo son de técnicos, sino de vecinos, entre otras personas.

Bouvier estimo que la audiencia pública -que es el paso siguiente- no se realizará antes del mes de marzo del año próximo. Aunque no abundó en detalles dijo que la cartera ya cuenta con informes técnicos sobre el impacto que puede generar el proyecto y borradores, sobre los que “no vamos a dar opinión”.