El magistrado, resolvió este lunes hacer lugar a la imposición de una medida cautelar de no innovar y emitió una sentencia interlocutoria que ordena a Ose no suscribir el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, para la construcción de una nueva planta potabilizadora en la zona de Arazatí para abastecer de agua potable al área metropolitana.

En su decisión, rechazada inmediatamente por el gobierno, el juez Recarey entiende que “hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable” en infracción al Artículo 47 de la Constitución y eventualmente, a la Política Nacional de Aguas.

El proyecto Arazatí “es muy importante para la Ose y para todo el país, dijo el presidente de Ose, Raúl Montero, al ser consultado este martes 25 de junio en Maldonado, y recordó que, “la crisis hídrica del año pasado e inclusive las inundaciones de marzo de este año, fortalecieron la necesidad de ese proyecto”.

El funcionario, aseguró que el 22 de marzo, el organismo estuvo a “centímetros” de que quedara fuera de servicio la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, por lo que “si hubiéramos tenido una fuente alternativa, hubiera sido muy diferente la forma de encarar nuestra defensa ante esa situación”.

Dijo que es muy respetuoso de las decisiones del Poder Judicial, pero “por supuesto que vamos a apelar; que seamos respetuosos no quiere decir que estemos de acuerdo. Ya está nuestro equipo de jurídica preparando la apelación, lo mismo que los equipos de jurídica del Ministerio de Ambiente y de Salud Pública”.

Consultado sobre los cuestionamientos al proyecto, caratulado desde varios sectores como inconstitucional, Montero dijo que el tema ha sido muy discutido, pero que en el Artículo 47 de la Constitución de la República, también se menciona que los servicios de agua y saneamiento, “tienen que tener el mismo tratamiento”.

“Sin embargo, el saneamiento en Montevideo lo hace la Intendencia de Montevideo y no Ose, sin embargo en Montevideo está tercerizada la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de líquidos residuales desde hace muchísimos años. Y no he escuchado ninguna crítica de que eso sea inconstitucional”, relató.

Aclaró que no quiere decir que eso esté mal y a la vez pidiendo “déjenme hacer algo mal, digo que me llama la atención, digo porqué allá (en Montevideo) se puede y aquí que queremos hacer esto no se puede; de ninguna manera Ose abandona su competencia en el suministro de agua potable haciendo Arazatí”.

Aunque prefirió no brindar otros detalles respecto a si la decisión judicial era esperada o no, Raúl Montero dijo que conocida la misma, la apelación se desea presentar lo más rápido posible, haciendo hincapié en la importancia del proyecto, “de las virtudes del proyecto, y por supuesto de la constitucionalidad del proyecto”.