Con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, los gobiernos departamentales y el Poder Ejecutivo, este miércoles 30 de julio llegaron a un acuerdo para la distribución de los recursos presupuestales.

El acuerdo fue aprobado unánimemente por los intendentes y refrendado por la Comisión Sectorial de Descentralización. El mismo tiene foco en la transparencia, gestión y obras en todo el país, estableciendo directrices para la asignación de recursos y el fortalecimiento de la gestión departamental y municipal.

Entre los aspectos centrales se encuentra la asignación del 3,33% del presupuesto nacional a los gobiernos departamentales. Pero también se establecieron recursos específicos por ejemplo para el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), ejecutado por los gobiernos departamentales desde 2026 para las 18 intendencias del interior.

La fórmula fue aprobada en la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) para la creación de un fondo de mejoras en inversiones estratégicas del país y en este período Maldonado recibirá más recursos como se aspiraba. Se trata de un acuerdo con un fondo adicional de 80 millones de dólares.

Para la distribución entre los gobiernos departamentales se mantendrán las metodologías de cálculo y las alícuotas vigentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 674 de la Ley N° 19.355. Cada comuna deberá nombrar un único referente a efectos de centralizar el seguimiento de los Compromisos de Gestión.

La OPP convocará un comité evaluador para hacer un seguimiento del cumplimiento de los compromisos de gestión, integrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, OPP y Congreso de Intendentes -un referente de cada organismo- y elaborará al 31 de julio de cada año un informe que se presentará a la CSD.

La propuesta supone el aumento de la participación de los gobiernos departamentales en el porcentaje del FDI recibido, pasando a un 45% y el restante 55% a ser ejecutado por el gobierno nacional a partir del año 2026. Esto implica un incremento de más de 40 millones de dólares en el quinquenio.

También se crea un Fondo de Inversiones Estratégicas, equivalente a US$ 80 millones, a ejecutarse por los gobiernos departamentales de la zona metropolitana y del resto del país entre el 2027 y 2029. Para caminería departamental, más de $ 1.700 millones, y un subsidio al alumbrado público de $ 400 millones, ajustados por tarifas de Ute.

Cómo parte de la negociación también, se definieron los criterios para la distribución del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM). El acuerdo reafirma el compromiso de los gobiernos departamentales con una gestión descentralizada, transparente y orientada al desarrollo equitativo de los territorios.

El resultado de la negociación pone en valor la importancia de un espacio de articulación como es el CI, dónde se exponen las realidades departamentales y se logran soluciones través del diálogo y el consenso. En este sentido el presidente del mismo, Nicolás Olivera, manifestó que la negociación contempló viejas reivindicaciones de las intendencias.

En el cierre a la sesión, los intendentes destacaron la fortaleza institucional del CI, que logró negociar en conjunto y dialogar con el Poder Ejecutivo para definir las prioridades presupuestales con el fin de alcanzar un mayor desarrollo y combatir las inequidades territoriales que aún hoy persisten en el Uruguay.