El Ministerio del Interior presentó esta mañana el segundo Censo Nacional de Personas Privadas de Libertad. La muestra se hizo sobre 13182 personas, que representan el 80% del total de presos del país. El informe arroja que se pasó de 6.757 personas privadas en 2003 a 16.570 en 2025 y la tasa de prisionización pasó de 253 a cerca de 480 cada 100.000 habitantes.

Además, nueve de cada diez personas privadas de libertad son varones, mientras que el 7,4% son mujeres.
Uno de cada cinco estuvo en situación de calle y uno de cada cuatro estuvo vinculado al sistema de protección o de responsabilidad penal adolescente.

Casi el 70% de los reclusos del país consumió alcohol u otra sustancia en los doce meses previos a la detención.

Con respecto a las edades, seis de cada diez presos tienen menos de 35 años y tres de cada cuatro menos de 40.
El 22,8% de los encarcelados está en el tramo etario de 25 a 29 años y la edad promedio en hombres es de 33 mientras que en mujeres es de 35.

Sobre las trayectorias educativas, tres de cada cuatro no superan el ciclo básico de secundaria y más de la mitad abandonó sus estudios antes de los 15 años. Cuatro de cada diez estudian en la actualidad dentro del penal y menos de cuatro de cada diez trabajan.
Otro dato relevante con respecto a la educación dentro de los centros, es que el 47,1% de los consultados lo solicitó y no hubo cupo.

El 87,7% de los privados de libertad consultados para este estudio tuvo alguna vez un trabajo remunerado y casi tres de cada diez trabajaron por primera vez antes de los 15 años. Más del 60% tenían un trabajo al momento de ingresar a prisión.

En tanto el 84,2% de las mujeres privadas de su libertad tienen hijos. Casi el 50% tiene 1 o 2 niños, el 41% tiene 3, 4 o 5 y el 9% 6 o más. El 46,2% tuvo su primer hijo antes de los 17 años.

El crecimiento de la población privada de libertad se refleja también en el aumento de la tasa de prisionización, indicador que permite dimensionar la población penitenciaria en relación con el tamaño de la población del país, señala el informe. A partir de las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística para diciembre de 2025, fecha en que había finalizado el II Censo Nacional de Personas Privadas de Libertad, la tasa se ubicaba en casi 480 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, agrega.

La tasa presenta diferencias importantes a nivel territorial. Montevideo, San José, Maldonado y Rivera registran los valores más elevados de personas privadas de libertad en relación con su población departamental.