Este martes las máximas autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), estarán en Maldonado para hacer el lanzamiento de una experiencia polito educativo-laboral en la cárcel de Las Rosas. También participarán representantes de otras entidades involucradas.

El programa educativo-laboral en la cárcel de Las Rosas, se enmarca en el Programa de Justicia e Inclusión que se lleva adelante en coordinación entre el INR y distintos organismos vinculados a la educación y con financiación de la OPP y la OIT.

La experiencia piloto es implementada por el Programa de Educación en Contextos de Encierro (CES), el Programa Uruguay Estudia (ANEP-CODICEN), el Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU), Plan Ceibal y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

El acto de lanzamiento del proyecto, está anunciado para la hora 10.00 de este martes 20 de octubre, en la propia cárcel de Las Rosas, con la presencia del director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), i/p Luis Mendoza.

Alcances

El Programa de Justicia e Inclusión, es un proyecto de cooperación internacional firmado entre el gobierno nacional a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Unión Europea (UE) que mediante una donación lo financia totalmente.

El mismo coordina esfuerzos de varias áreas del Estado para alcanzar sus objetivos, y trabaja en 5 ejes: reforma procesal penal, reforma administrativa y fortalecimiento de las capacidades del sistema de medidas privativas y no privativas de libertad, salud, educación e inclusión socio-laboral.

A su vez, interactúa y trabaja con todos los poderes del Estado: el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, y los ministerios del Interior, Desarrollo Social, Salud Pública y Educación y Cultura; Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), ANEP, INAU, Sirpa y Junta Nacional de Drogas.

La coordinación operativa del Programa la lleva a cabo OPP, quien ha realizado acuerdos para su ejecución con la Corporación Nacional para el Desarrollo, Organización Internacional del Trabajo, OPS/OMS, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Líneas de acción

Generar capacidades en relación a un modelo acusatorio de enjuiciamiento, así como sensibilizar y capacitar a los operadores del sistema judicial acerca de las modificaciones proyectadas por el Código Penal y el Código del Proceso Penal.

Equipar a los juzgados penales, defensoría pública y oficinas fiscales con un sistema informático y mobiliario suficiente para aplicar el nuevo modelo del proceso penal.

Reformar administrativamente y fortalecer las capacidades del sistema de medidas privativas y no privativas de libertad, y fortalecer las capacidades humanas del sistema de administración de centros de internación de privados de libertad, a partir de la formación de los recursos humanos.

Reforzar la estructura institucional de gestión del sistema de medidas privativas de libertad reforzada en los ámbitos de la gestión de los recursos humanos y su formación, normativa aplicable y procesos de toma de decisión.

También reforzar el régimen de medidas no privativas de libertad, tanto en su implementación como en su monitoreo, generando un sistema eficiente de control que permita una mejora total de su utilización, transformándola en una herramienta central para el descongestionamiento carcelario.

En materia de salud, busca disminuir la brecha existente entre la atención en salud en el medio libre y los centros de privación de libertad, apoyándose en un sistema integral de atención primaria en los centros de internación de personas privadas de libertad.

También la implementación de un programa nacional de prevención y tratamiento de enfermedades de alta prevalencia, así como lo relativo al consumo problemático de drogas para personas privadas de libertad adultas y adolescentes.

Asimismo, el programa apunta a generar una estrategia nacional de educación en cárceles, a nivel de educación primaria, secundaria y técnica, educación formal y no formal, implementada por parte de personal capacitado y con el equipamiento adecuado.

Finalmente busca promover la inclusión socio-laboral de las personas al cumplir las sanciones penales, promoviendo los emprendimientos productivos con una mirada estratégica en cuanto a la inclusión de la persona y la sostenibilidad de los proyectos en las cárceles.

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