La Justicia está investigando el caso de la joven de 21 años que el pasado sábado falleció por una infección generalizada, tras haberse practicado (presuntamente), un aborto clandestino en la localidad de Nico Pérez, departamento de Florida. El médico que la asistió niega haber participado en una intervención de ese tipo.
La joven fallecida el sábado último en el hospital Elbio Rivero de la ciudad de Maldonado, había ingresado el 29 de enero presentando un cuadro infeccioso complejo, a raíz de un aborto ilegal que se habría practicado en la localidad de Nico Pérez, en el departamento de Florida.
La víctima (domiciliada en Piriápolis y madre de una nena de 4 años) estaba cursando su quinto mes de embarazo cuando ingresó al principal nosocomio público del departamento de Maldonado, donde fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas.
Confirmado el fallecimiento como consecuencia de una presunta intervención ilegal para abortar, realizada en la localidad de Nico Pérez, tomó intervención la Justicia de Florida en coordinación con la de Maldonado. El testimonio de la pareja de la fallecida fue clave.
La jueza de Florida, doctora María Fernanda Morales, ordenó a la Policía la ubicación del médico que habría practicado el aborto, según la pareja de la joven, quien ya declaró y deslindó toda responsabilidad en el desenlace, aunque reconoció haberla atendido en su casa.
Reacciones
La Asociación Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) reaccionó enérgicamente en las últimas horas, subrayando que se trata de la segunda muerte por aborto clandestino, desde la aprobación de la Ley N° 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, reglamentada en 2012.
“Frente a esta situación, MYSU considera inconcebible que otra mujer muera por aborto en un país que ha modificado su marco legal y cuenta con servicios legales para la interrupción voluntaria del embarazo. Recordemos que en 2013 se registró la primera muerte por aborto inseguro luego de aprobada la Ley 18.987”, señala.
“Es particularmente preocupante que el departamento de Maldonado registre casos de embarazos no deseados que fueron interrumpidos superando los tiempos de gravidez de 12 semanas estipulados por la ley”, agrega el comunicado de la Asociación Mujer y Salud en Uruguay.
MYSU también se pregunta “¿por qué los servicios de IVE no fueron referenciales para dar respuesta a tiempo a estas mujeres que transitaron por embarazos no deseados?”, recordando que además de la joven fallecida en este caso, otra fue procesada con prisión en 2015.
Asimismo, se denuncia que un monitoreo efectuado por el Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de la asociación, confirmó que Maldonado es uno de los departamentos que presenta “barreras y obstáculos para el acceso a esta prestación”.
Se agrega, que “hay un déficit en la difusión de estos servicios por parte de los prestadores del Sistema de Salud. La población aún no conoce debidamente sus derechos y los servicios existentes, lo que se traduce en una constatable carencia de información manejada por mujeres de estos departamentos”.
