El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) monitoreó los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) y aborto en el departamento de Maldonado durante 2015, y a cuenta del informe final que se presentará en el mes de marzo, adelantó algunos datos.

El Observatorio de MYSU, presentará en el mes de marzo a las autoridades gubernamentales, instituciones de salud estudiadas, equipos de profesionales de la salud y público en general del departamento de Maldonado, los datos finales obtenidos durante el relevamiento efectuado.

En el adelanto, hay información obtenida en los 7 prestadores de salud: 6 del subsistema privado y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Los prestadores privados son: La Asistencial, Mautone, Asociación Española, CASMU, Médica Uruguaya y Círculo Católico.

Donde hay atención

La atención en Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en ASSE, se realiza en el hospital Alvariza de San Carlos, en el Elbio Rivero de Maldonado (sólo algunas etapas), en el Centro de Salud Vigía (ubicado en la capital departamental), y en el centro auxiliar de Pan de Azúcar.

La organización de la Red de Atención Primaria de ASSE, “no es sencilla ya que, a excepción de la prescripción del medicamento, las demás etapas (consultas para confirmación y tiempo de embarazo, entrevista con equipo multidisciplinario y atención post-aborto) se pueden realizar en diferentes policlínicas”, se indica.

El hospital de San Carlos cuenta con un equipo completo para la atención en IVE y del total de 3 ginecólogos, 2 son los que lo realizan. El hospital de Maldonado no cuenta con asistente social y psicólogo/a, por lo cual coordina con policlínicas municipales donde hay profesionales que atienden a las mujeres que son derivadas.

Tanto el Centro de Salud Vigía de Maldonado como el centro auxiliar de Pan de Azúcar, realizan todas las etapas de IVE. Sin embargo, este último no cuenta con reemplazo para psicóloga y asistente social, por lo que cuando estas profesionales se encuentran de licencia, las usuarias deben concurrir al Vigía.

En la ciudad de Piriápolis no hay asistente social ni psicólogo; se realizan ecografías solamente una vez a la semana, por lo que la mayoría de las ecografías y exámenes de sangre acaban siendo coordinadas para realizarse en Pan de Azúcar, así como también la consulta con psicóloga.

“Se identificaron dificultades en la conformación y funcionamiento de los equipos: en muchos casos los profesionales que realizan atención en aborto no se conocen entre sí, por lo que no están al tanto de las opciones para derivar, recurriendo siempre al mismo profesional”, revela MYSU.

En tal sentido, se observó la necesidad de contar con un listado que recoja los nombres del personal médico que realiza atención en aborto, “ya que permite conocer con qué profesionales se cuenta para derivaciones y coordinaciones, evitando así sobrecargas innecesarias”.

Si bien las autoridades y profesionales de los prestadores argumentan que el derecho al aborto y los servicios IVE son de conocimiento de las usuarias, las entrevistas realizadas a mujeres de Maldonado dan cuenta que aún no saben dónde acudir o qué pasos seguir en caso de transitar por un embarazo no deseado.

Se denuncia que se constataron consultas innecesarias, demoras e incorrectas derivaciones, que dilataron los tiempos y “sirven como formas de desestimular a las mujeres a abortar”, además de que las rutas de acceso son complejas y varían entre las distintas instituciones.

“Asimismo, la atención y trato hacia usuarias que transitan por un aborto es en algunos casos preocupante”, ya que se desestimula la práctica por razones de edad y se procuran demoras en la atención para superar las 12 semanas de gestación y cuestionar la motivación para abortar.

“En diversas situaciones se constató que acceder a un aborto en condiciones seguras puede transformarse en una verdadera peregrinación para las usuarias”, lo que evidencia la necesidad “de un estricto control desde las autoridades sobre estos sucesos”, y la correcta difusión de los servicios y derechos, concluye MYSU.