La Suprema Corte de Justicia (SCJ) falló a favor de 63 inspectores de tránsito de la Intendencia de Maldonado, a quienes se le adeuda una millonaria cifra en dólares, por concepto del porcentaje de las multas aplicadas desde el año 2008. La demanda está basada en lo contenido en el Decreto N° 3810 del año 2006, de la IDM.

La directora de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado, doctora Adriana Graziuso, confirmó que un equipo de la dependencia a su cargo, está trabajando sobre documentación del año 2008 a la fecha, aunque aclaró que la Justicia aún no informó oficialmente su fallo.

La jerarca, explicó en el periodístico Frecuencia Abierta de Aspen FM de Punta del Este, que la demanda fue iniciada por un total de 63 inspectores de tránsito de Maldonado en el año 2012, quienes reclaman adeudos por el porcentaje que les corresponde al aplicar multas.

La SCJ falló a favor de los demandantes, que reclaman una cifra que podría superar los US$ 10 millones, y que se arrastra desde el año 2008 a la fecha, por concepto del porcentaje del 25% que establece un decreto de la comuna del primer gobierno del hoy diputado Oscar De los Santos.

El Decreto N° 3810, dice textualmente en el Articulo 40, que se modifica el Artículo 34, por lo cual los inspectores que “realicen tareas de ese carácter en el control del cumplimiento de normas regulatorias del tránsito o presten servicios inspectivos de tránsito a solicitud de particulares, percibirán una compensación por la constatación de infracciones debidamente comprobadas y servicios prestados, de acuerdo la siguiente detalle:

a) 25% sobre infracciones y contravenciones en general.

b) Hasta un 50% sobre servicios inspectivos de tránsito realizados a solicitud de particulares”.

El citado artículo, no aclara en ninguna parte que ese porcentaje de las multas “comprobadas” se debe abonar a los funcionarios aún en el caso de que la Intendencia de Maldonado no cobre la multa, lo que es considerado un error gravísimo, al menos en la redacción de la norma.

La doctora Graziuso, explicó que la deuda se fue incrementando porque los inspectores demandantes nunca cobraron ese porcentaje, ya que la administración de entonces aducía no tener previsión presupuestal para ello, pero tampoco dio marcha atrás con el Decreto N° 3810.

La IDM está condenada desde el año 2008 a la fecha, e incluso ve incrementada la deuda porque hasta tanto no se apruebe el Presupuesto 2015-2020, donde está revocada esta norma por la que se debe abonar a los inspectores el 25% del valor de las multas, aún no las pague el infractor.

“Nosotros consideramos irracional esa norma”, sostuvo la directora de Asuntos Legales, quien no pudo aportar datos definitivos sobre el costo que tendrá la demanda para las arcas comunales, porque aún se deben cumplir varias instancias a nivel judicial.

Reveló además, que una demanda similar habían encarado unos 16 inspectores del Municipio de San Carlos, que tuvo altos costos para las arcas de la comuna. Dijo que tras el fallo y las instancias de negociación, se terminó abonando a cada demandante, unos $ 300.000 a cada uno.

La basura

En otro orden, la doctora Adriana Graziuso confirmó que el largo juicio entablado por la empresa Ramón C. Alvarez, anterior concesionaria de los servicios de recolección de residuos domiciliarios en Maldonado, aún sigue en “vía judicial” por lo cual no hay una sentencia definitiva.

La jerarca se disculpó por no brindar demasiados detalles respecto a esta también millonaria demanda contra la Intendencia de Maldonado, para no interferir en la estrategia de defensa que se lleva a cabo, ya que la comuna ha interpuesto varios reclamos.

Ramón C. Alvarez -titular de Consorcio Ecológico-, demandó inicialmente a la comuna por US$ 6 millones, monto que se ha incrementado con el paso de los años, por la cancelación del contrato y el llamado a licitación que posteriormente otorgó el servicio al consorcio Qualix Ecotecno S.A.

La demanda de Ramón C. Alvarez S.A., fue informada a la Intendencia por parte de la justicia el 25 de marzo del año 2010, pero la comuna respondió pasados los 30 días previstos por ley para contestar, lo que la dejaba sin posibilidades de ejercer su defensa.

La Intendencia de Maldonado, durante el primer gobierno de Oscar De los Santos, revocó el contrato con esta empresa en el mes de octubre del año 2007, aunque Consorcio Ecológico dijo que seguiría prestando el servicio aduciendo que cumpliría el contrato que tenía validez hasta el año 2009.

Poco después, la comuna convocó a una licitación pública internacional para conceder los servicios. La licitación fue adjudicada a la firma Qualix Ecotecno Maldonado, consorcio inicialmente conformado por capitales uruguayos, brasileños y chilenos.

Ramón C. Álvarez S.A. inició 2 procesos judiciales simultáneos: uno ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para anula la licitación que concedió los servicios a Qualix Ecotecno, lo que fue desestimado; otro por daños y perjuicios, al entender que fue cesada en la prestación del servicio cuando por contrato restaba un año.