Se creó en la órbita de la dirección general de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud de la Intendencia de Maldonado, una unidad especializada que analizará la situación de miles de familias que ocupan viviendas pero no cuentan con títulos que respalden su titularidad. Por otra parte, se intenta recomponer la cadena de pagos para avanzar en nuevos planes de construcción.

El objetivo de la unidad creada en la órbita de la dirección de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud, es analizar unos 2.000 casos de familias que ocupan viviendas de las cuales no cuentan con títulos de propiedad y avanzar en la regularización de la documentación para luego acordar el pago de una cuota.

Según se informó desde la Intendencia de Maldonado, se identificaron 1.956 viviendas, soluciones habitacionales y terrenos que están adjudicados, pero cuyos titulares no cuentan con ninguna documentación que avale la enajenación en su favor.

Los casos se detectaron en prácticamente todas las localidades del departamento, y están enmarcados en distintos acuerdos suscriptos oportunamente con el Mvotma, con la Agencia Nacional de Vivienda y con el BHU, así como tierras del Instituto Nacional de Colonización y de la propia Intendencia.

El director general de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud de la comuna, Alejandro Lussich, puntualizó que “hay un sinnúmero de situaciones que se generaron en los últimos 10 años y que no han tenido solución”, por lo cual es necesario avanzar hacia la regularización de esos casos.

Aclaró que el criterio es “dar tranquilidad a las familias para que las viviendas que ocupan desde hace años puedan llegar a ser suyas una vez que se cumpla con las condiciones del contrato”. Otro objetivo es no cortar la cadena de pago para que la administración pueda incrementar los planes de vivienda.

La unidad especializada que se creó, está integrada por escribanos y abogados, y se sumará un ingeniero agrimensor. Su trabajo consistirá en el estudio de los diferentes casos y lograr ordenar toda la documentación. Hay casos que incluso no cuentan con anuencia de la Junta Departamental para su venta.

Paralelamente, el Área Social de Vivienda de la comuna, visitará cada uno de los hogares para informar a las familias, efectuar un relevamiento, constatar que las personas que ocupan sean las adjudicatarias originales, y confirmar cómo accedieron a la vivienda.

Posteriormente, se efectuará una aproximación a la realidad socioeconómica particular para determinar la cuota que se le fijará a cada familia, la cual se establecerá en función del valor fijo de la vivienda, o de acuerdo al porcentaje de ingreso.

Respecto al déficit habitacional de Maldonado, Lussich expresó que “hay una inversión programada en el Presupuesto Quinquenal con recursos propios de la Intendencia y otros del gobierno nacional”, pero que es fundamental recomponer la cadena de pagos para lograr más soluciones habitacionales.