La doctora Adriana Graziuso, explicó cuales fueron las irregularidades constatadas en la contratación de la firma HIC Consultores para la digitalización del Digesto Departamental, y confirmó además que el voluminoso documento presentaba una serie de errores que se están subsanando.

La directora de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado, doctora Adriana Graziuso, puso la mira en la ex directora de la misma repartición, doctora María del Carmen Salazar, como responsable de un proceso de contratación que fue oportunamente observado por el TCR.

Graziuso, subrayó además, que en el contenido del Digesto Departamental se encontraron errores que fueron constatados por varios profesionales, producto de que el trabajo realizado por HIC Consultores en ningún momento fue estudiado o auditado luego de ser entregado a la administración anterior.

Entrevistada en el periodístico Frecuencia Abierta de Aspen FM de Punta del Este, la jerarca dijo que ha sido complejo enmendar errores y agregar nueva información, porque cuando el doctor Juan Pablo Pío fue consultado para saber la forma de trabajar en el sistema digital, pretendió cobrar US$ 50.000.

Por otra parte sostuvo que las observaciones oportunamente realizadas por el Tribunal de Cuentas de la República, se basaron en la forma en que se realizó la contratación de HIC, firma que incluso tuvo la ventaja de ver cual era la propuesta de su única competidora, en un hecho sin antecedentes.

Asimismo, afirmó que el Tribunal de Evaluación, conformado por dos abogados externos a la Intendencia de Maldonado, también lo integró la doctora Salazar algo totalmente inadmisible, así como haber difundido el llamado supuestamente solo a  través de la web de la comuna.

El intento

Como lo consignara MaldonadoNoticias, el Concejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, no hizo lugar al pedido de la administración Antía, para que el Instituto de Derecho Administrativo estudiara la contratación de la empresa HIC Consultores.

La firma, durante el segundo gobierno de Oscar De los Santos fue la que realizó la digitalización del Digesto Departamental, tras un llamado a propuestas que la actual directora de Asuntos Legales cuestiona por los distintos aspectos ya explicados líneas arriba.

La doctora Adriana Graziuso, fue quien sugirió al Intendente Enrique Antía realizar una consulta al Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, porque se visualizó, entre otras cosas, una falta al principio de imparcialidad en la mencionada adjudicación.

La resolución del TCR del 6 de febrero de 2013, observó el gasto realizado por la administración De los Santos, derivado de la contratación de la firma HIC Consultores en régimen de arrendamiento de obra. El costo del trabajo ascendió a los $ 3:614.250.

Por Resolución Nº 07906/2011 de fecha 27/09/11, el Intendente Oscar De los Santos autorizó la realización de un llamado a propuestas “destinadas a lograr una sistematización completa y actualizada de la normativa departamental”, denominada Digesto Departamental.

Vencidos por plazos legales del llamado, se había recibido una sola propuesta, la presentada por NMI SRL (Mundo Mac Store), por lo cual en otra resolución del 16/11/11, De los Santos dispuso la ampliación del plazo de presentación de interesados, por otros 30 días.

En ese último periodo, a la propuesta de NMI SRL, se sumó la de HIC Consultores. La administración De los Santos conformó un Tribunal Evaluador con dos abogados externos, aunque según Graziuso, también lo integró en forma incomprensible la doctora Salazar.

Ese Tribunal Evaluador, concluyó en que la oferta de HIC Consultores superaba ampliamente a la formulada por NMI SRL, “tanto considerada globalmente, por su solidez y detalle, como en los puntos e ítems específicos analizados para evaluar las propuestas”.

Finalmente, el TCR consideró que “debió recurrirse a un procedimiento competitivo para la contratación”, porque “si bien no se ha invocado ninguna causal de excepción, el procedimiento llevado a cabo no encuadra en las previsiones legales vigentes a la fecha del llamado”.

Tampoco se “ha acreditado la publicidad del ´llamado a interesados´”, como adujo entonces la administración De los Santos, y al prorrogarse la fecha del llamado, porque solo se había presentado una oferta, “no se ha respetado el principio de igualdad entre los oferentes”, dijo el TCR.