Ante la denuncia presentada en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo por parte de cuatro funcionarias de la Intendencia de Maldonado cesadas en diciembre del 2015, la INDDHH realizó una investigación y a principios de agosto emitió una resolución en la que recomienda la restitución de las cesadas y la adecuación de la política de recursos humanos a las normas de transparencia vigentes.

Según consta en el documento al cual accedió MaldonadoNoticias, los motivos esgrimidos por las denunciantes son la falta de transparencia en el proceso de selección y la ausencia de motivación para no renovar contratos de personas que habían ganado sus cargos por concurso, que tenían mejores calificaciones y mayor antigüedad que otros funcionarios que aún trabajan en la Intendencia de Maldonado.

Además, una de las damnificadas que compareció ante la INDDHH, estaba embarazada al momento del cese. La destitución grupal (fueron 18 inicialmente), también alcanzó a jefas de hogar con menores a cargo.

Por medio de un comunicado, las denunciantes señalan que esos cargo “fueron ocupados por personas ingresadas por designación directa del Intendente Enrique Antía, con parentesco y/o participación en la campaña proselitista percibiendo remuneraciones muy superiores”.

Como parte del proceso de investigación, la Intendencia dio respuesta a lo denunciado esgrimiendo que el procedimiento estaba amparado en el poder discrecional que tiene el jefe comunal, para contratar o rescindir contratos, y aludiendo a una racionalización administrativa.

Para la INDDHH, “la Resolución 09041/2015 de fecha 15 de diciembre de 2015 de la Intendencia de Maldonado, efectivamente produjo una afectación del derecho al trabajo de los/as funcionarios/as cesados, ya que quienes se vieron alcanzados por dicha Resolución cesaron su vinculación laboral con el organismo denunciado".

Agrega que, "si bien es cierto que los/as funcionarios/as en cuestión no eran presupuestados ni inamovibles, dicho extremo no exime a la Administración de su deber (aún frente a supuestos actos discrecionales) de fundar toda decisión que afecte o vulnere derechos, en los principios de idoneidad, indispensabilidad y proporcionalidad”.

En los argumentos, el consejo directivo de la INDDHH resolvió recomendar a la Intendencia de Maldonado, en primer término que revise “los procedimientos que determinaron el cese de la relación funcional de las personas comprendidas en la resolución 09041/2015 adecuando sus actuaciones a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad”, abarcando a las 18 personas cesadas.

En segundo lugar sugiere que se “repare la vulneración de derechos de las personas denunciantes” y que se “proceda a la adecuación de la política pública de contratación y cese de funcionarios, incluso en los supuestos de actuación discrecional, adoptando criterios transparentes y confiables, en consonancia con las obligaciones de cualquier organismo del Estado Uruguayo, a nivel nacional o departamental”.

Ante esta recomendación por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, las cuatro cesadas y responsables de la denunciua, se encuentran a la espera de la respuesta por parte de la administración Departamental.

El vocero de las denunciantes, doctor Horacio Bolani, señaló que se espera que el Ejecutivo Departamental tome en consideración la recomendación del INDDHH y “revoque la resolución que dispuso el cese de estos trabajadores”. Reiteró que las personas cesadas no han podido acceder aún a los memorándum donde estarían las fundamentaciones por las cuales no fueron re contratados.

El doctor Bolani enfatizó que este dictamen de la Institución Nacional de Derechos Humanos “es inapelable”, aunque precisó que si bien esta institución no tiene potestades para revocar actos administrativos, “es de salud institucional acceder a esta recomendación”, sostuvo el abogado.

Señaló que por su parte, se realizó una intimación a la Intendencia de Maldonado para que se expida ante este informe elevado por el INDDHH, ya que está en su poder desde el 10 de agosto, ya que de lo contrario, se analizarán otras vías judiciales.