Un total de 25.000 kilos de motos incautadas en distintos operativos policiales y nunca reclamadas, se convirtieron en 3.500 kilos de varillas destinadas a las construcciones del Plan Juntos. La Ley N° 18.791 establece cual puede ser el destino de todos los rodados que terminan siendo abandonados.

En agosto del 2011 el gobierno aprobó una ley que estableció el destino de los vehículos que se incautaran en determinados procedimientos policiales. La Ley N° 18.791 determina que “el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las Intendencias”, podrán proceder de distinta manera.

La ley establece la “la venta, en pública subasta, de los vehículos que retiren de su jurisdicción en los siguientes casos: a) por carecer de seguro obligatorio de automotores; b) por encontrarse abandonados; c) cuando constituya peligro o cause perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones o al funcionamiento de algún servicio público o deteriore el patrimonio público; d) en las situaciones que lo habilite la Ley Nº 18.191, de 14 de noviembre de 2007 y la normativa de tránsito de los Gobiernos Departamentales; e) por haber sido retirados en un procedimiento policial que habiendo dado lugar a la intervención de la justicia, ésta no resolviera para el bien un destino contrario al previsto en la presente ley”.

El Artículo 3° establece: “luego de transcurridos treinta días desde el traslado del vehículo al depósito y en caso de que no se presente nadie a retirarlo, el organismo actuante emplazará a su propietario a que se presente dentro del término de treinta días a reclamar el mismo. Para ello se efectuarán tres publicaciones en dos diarios, uno de los cuales deberá ser el Diario Oficial, sin perjuicio de otros medios que se consideren convenientes para asegurar la publicidad…”.

La ley indica que, “trascurridos treinta días desde la última publicación, sin que se haga efectivo el retiro del vehículo por quien acredite su propiedad”, se podrá en ese caso proceder al remate del vehículo, por lo cual el Ministerio del Interior elaboró un Protocolo de actuación.

El mismo establece la venta o la donación como chatarra de estos vehículos. El documento establece que una vez cumplidos los aspectos que indica la Ley 18.791, los vehículos se someterán a una inspección técnica para evaluar si son recuperables y aptos para circular, y de lo contrario convertirlos en chatarra.

Solo parte

En el caso de las motos incautadas, y sólo en los operativos realizados por la Guardia Republicana, se destruyeron 25.225 kilos de motos. Previo al proceso de chatarrización, personas privadas de libertad participaron en el desarme de los vehículos separando el plástico y otros materiales de aquellos metálicos que son los que se convirtieron en varillas para construcción.

El resultado de esto fue la producción de 3.500 kilos de varillas que el Ministerio del Interior decidió donar al Plan Juntos. Este protocolo y procedimiento se seguirá aplicando para los casos de motos incautadas en operativos realizados en todo el país, por las distintas jefaturas de Policía.