La Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, en su resolución del 4 de abril, a través de la cual revoca la autorización para funcionar como casa de cambio a Camvirey S. A. (Cambio Nelson), hace una cronología de todos los hechos a partir del 23 de febrero de 2017. Allí se confirman oficialmente los ocultamientos de ciertas operaciones que se realizaban en forma ilegal.

En el comunicado emitido esta semana, se da cuenta que el 23 de febrero de 2017, funcionarios de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU concurrieron a la casa central de Camvirey S.A. (en Punta del Este), constatándose el cierre efectivo de esa dependencia y labrándose el acta correspondiente.

Un día después, el viernes 24 de febrero, se concurrió al estudio del contador Humberto Capote, el profesional que suscribió los informes de compilación sobre el balance de la empresa Camvirey S.A., instancia en la que se le interrogó labrándose el acta correspondiente.

El 1° de marzo, mediante la resolución D-16-2017, el directorio del BCU dispuso la suspensión preventiva de las actividades de la casa de cambio por haberse constatado el cierre de diversas sucursales habiendo omitido el procedimiento establecido por el artículo 108 de la RNRCSF.

El comunicado consigna que fue imposible ubicar al único director de Camvirey S.A. (en ese momento Francisco Sanabria se encontraba en Estados Unidos) y que la declaración de la oficial de cumplimiento (la contadora Soledad Ubilla), afirmó no cumplir en los hechos tal actividad.

Asimismo, se acreditó que, los accionistas retiraron de Camvirey S.A. al 20 de febrero de 2017 la suma total de US$ 3.726.410, principalmente a través de la cuenta de Paula Sanabria y otros, de la que se realizaban retiros y pagos de gastos personales y de varias empresas vinculadas.

También se confirmó que existen saldos adeudados a Camvirey S.A. al 20 de febrero de 2017 por parte de empresas vinculadas por un total de US$ 1.538.081, destacándose los saldos de U$S 1.187.783,64 de la empresa Mijal S.A. y U$S 356.566,46 de Firosol S.A.

Asimismo se verificaron pagos por sumas significativas de otras empresas vinculadas, como Mesit S.A.; en tanto que Camvirey SA le adeuda a 380 clientes un total de U$S 5.005.885 que responden a la recepción de fondos que, “en general no se aplicaban para el pago de cuentas dentro del plazo de 48 horas”.

Se verificó que 278 clientes registran saldos deudores respecto a la casa de cambio por un total de U$S 2.785.702, y se constató al mismo tiempo el pago de intereses por parte de la casa de cambio (Cambio Nelson) “a varios clientes por los fondos receptados”, lo que es absolutamente ilegal.

Se constataron “discrepancias relevantes” entre la contabilización en Camvirey S.A. del adeudo a favor de Nummi S.A. el 24 de febrero de 2017, con el saldo informado por esa entidad acreedora. Los reales saldos deudores y acreedores del accionista y las partes vinculadas (Firosol S.A., Mijal S.A., Mesit S.A., Paula Sanabria Paula y otros), eran registrados de manera que no surgían en los estados contables presentados.

En el mismo escenario de irregularidades, no fue posible obtener explicación para el saldo acreedor de $ 118.000.000 registrado en la cuenta denominada “Pendientes a Acreditar y Depositar” al 24 de febrero de 2017, que tampoco figura en los estados contables presentados ante la Institución.

Sostiene la investigación de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, que la contadora Soledad Ubilla, manifestó al ser interrogada que en la práctica “no desarrollaba tareas de oficial de cumplimiento con relación al sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.

Con fecha 14 de marzo de 2017, se otorgó vista a Camvirey S.A. del proyecto de resolución de fs. 490 a 492 del expediente 2017-50-1-00399, así como de todas las actuaciones incorporadas al mismo, dejando transcurrir el plazo sin que se formulara defensa alguna.

Se reveló que, Cambio Nelson “recibía regularmente fondos de los clientes por fuera de las actividades permitidas a las casas de cambio, y los desviaba para el pago de gastos de empresas vinculadas y financiación de pago de cuentas de otros clientes, actividades que tampoco están permitidas por la regulación”.

El pago de intereses en forma regular a clientes (varias decenas) por las sumas recibidas, “evidencia que la casa de cambio captaba dinero en forma regular, lo que revestía una naturaleza jurídica análoga a la del depósito bancario, actividad que se encuentra expresamente vedada”.

Los estados contables presentados al BCU, demuestran apartamientos al plan de cuentas y normas contables banco centralistas, “de forma tal de no reflejar la existencia de las cuentas pendientes a liquidar que tienen saldos de clientes, ni la entidad de los créditos de algunos acreedores”.

De esta forma, se impidió a la institución bancaria que controla el sistema financiero uruguayo, conocer la real situación económico-financiera de la empresa Camvirey S.A., “obstaculizando así su supervisión y fiscalización y la aplicación de medidas sancionatorias y correctivas en forma tempestiva”.

La declaración de la oficial de cumplimiento en cuanto “a no realizar en la práctica actividad alguna como tal, es un severo incumplimiento a las disposiciones vigentes, además de omitirse la autorización previa para la contratación del estudio jurídico Costa Brum en caso de haberlo contratado con el fin de cumplir dicha función”.