Un informe emitido por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), tras una visita realizada en marzo al establecimiento carcelario de Las Rosas, no solo confirma el alto grado de hacinamiento que se registra, sino además múltiples carencias y hasta un presunto caso de abuso sexual de parte de un integrante del equipo de sanidad hacia una interna.

La INDDHH realizó su última visita al establecimiento N° 13 del INR (Las Rosas), el 17 de marzo pasado, momento en el que había un total de 781 internos: 729 hombres y 52 mujeres (tres de ellas con sus hijos), número muy superior a la capacidad del centro. La cifra supera hoy las 800 personas.

En el pormenorizado informe, donde se revelan distintas situaciones de extrema gravedad para la salud de los internos alojados en Las Rosas, se da cuenta de un posible caso de abuso sexual por parte de un miembro del equipo sanitario, dependiente de Sanidad Policial.

Una interna habría accedido a mantener relaciones sexuales, a cambio de algunos beneficios. El caso fue conocido ahora al hacerse público el informe de la INDDHH, y había sido denunciado por operadoras penitenciarias, tras lo cual se tomaron una serie de medidas.

En el informe, se advierte que el consentimiento que pudo haber dado la mujer privada de libertad, no puede ser considerado válido debido a la asimetría de poder existente entre los funcionarios (en este caso responsables de mantener su salud) y las presas. La denuncia habría deteriorado aún más el servicio.

El caso según pudo saber MaldonadoNoticias, es investigado por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que tomó conocimiento de ésta denuncia a mediados del año pasado, aunque el médico acusado seguiría prestando funciones en otra área de Las Rosas.

El informe, también asegura que la cárcel de Las Rosas es uno de los establecimientos, fuera del área metropolitana, donde se han verificado con mayor frecuencia situaciones de violencia, algunas de las cuales han tenido consecuencias fatales como el motín ocurrido en 2009 y otro hecho posterior.

Entre las varias irregularidades constatadas, y que pueden justificar el hallazgo en distintas requisas de armas hasta de fuego, el escáner y el detector de metales destinados para el control de ingreso al recinto, no se utilizan debido a que retrasan el ingreso de familiares y eso produce reacciones en los internos.

Por otra parte, si bien la unidad cuenta con un sector destinado a preservar la integridad de los reos amenazados o que sufran lesiones graves, el mismo lugar también se utiliza como forma de castigo para otros internos que tienen problemas de conducta, lo que aumenta el riesgo de los primeros.

Además, se denuncia la existencia de celdas muy deterioradas y húmedas, con precarias instalaciones eléctricas y escasa luz natural, en las que algunos internos llegan a pasar de una a dos semanas, corriendo serios riesgos de incendio o electrocución y sin la posibilidad de salidas a patio.

También había cuestionamientos a la calidad de la comida. Se la calificó de poca, de mala calidad y de mal gusto. Empero, en la última visita realizada en marzo pasado se observó cierta mejoría en cuanto a su calidad, los ingredientes utilizados y su elaboración.

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(Fotos: Informe INDDHH)

 

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