Autoridades del Banco de Previsión Social (BPS) y de la Intergremial de Maldonado, se reunieron para analizar distintos aspectos vinculados al sector empresarial e industrial del departamento. Hubo compromiso de las autoridades del organismo de atender las demandas planteadas.

Una de las principales preocupaciones planteadas por el empresariado local, fue la competencia desleal a la que está sometido el comercio formal, debido al aumento del informalismo. En tal sentido, expresaron la necesidad de buscar nuevas estrategias de fiscalización para combatir con más eficiencia el informalismo.

Según los datos oficiales manejados, el Estado pierde de recaudar unos US$ 400 millones anuales en aportes e impuestos que generaría la actividad informal. Desde las gremiales empresariales se entiende que las fiscalizaciones, tanto de BPS como de DGI, se realizan básicamente sobre comercios establecidos formalmente.

Destacaron además que son más frecuentes las inspecciones en Maldonado que en el resto del país. Una encuesta establece que el rubro inmobiliario es el más afectado, con una informalidad que roza el 80%, pero se observa un rápido aumento en el sector almacenes y pequeños autoservicios.

Las gremiales empresariales de Maldonado, solicitaron diseñar una nueva estrategia de control sobre el territorio, además de establecer un canal de dialogo con el organismo de manera de tener una instancia para volcar denuncias que realicen sus afiliados.

Las autoridades del BPS, reconocieron que lo solicitado es legítimo, por lo que todas las demandas serán trasladadas a los técnicos para buscar la forma de viabilizarlas. Es probable que el empresariado pueda plantear situaciones puntuales de fiscalización.

La realidad

Una de las conclusiones que dejó un relevamiento realizado recientemente entre el sector empresarial de Maldonado, es la preocupación por empresas que habitualmente desarrollan su actividad durante las temporadas de verano, que este año no abrirán sus puertas.

Desde estudios contables asociados a las gremiales, se informó que varios empresarios ya decidieron no abrir el próximo verano debido a los abultados anticipos que solicita la DGI. Según estos empresarios, los adelantos de dinero son exagerados y no quieren arriesgar a invertir y no poder recuperarlos.

De la reunión celebrada, tomaron parte por el Banco de Previsión Social, su presidente, Heber Galli y el vicepresidente Gabriel Lagomarsino, entre otros funcionarios. Asistió además, Martín Rodríguez en representación del Centro Comercial de Rocha.