Un comunicado conjunto, emitido por Adipecidem (Maldonado y Punta del Este), ADICCA (Asociación de Inmobiliarias de la Costa de Canelones), CIR (Cámara Inmobiliaria de Rocha) y CIC (Cámara Inmobiliaria de Colonia), da cuenta de la crítica situación que atraviesa el sector y acusa al Estado de mirar para otro lado.

Las entidades mencionadas, sostienen que están sumergidas “en medio de un lodazal, sin que aparezca la tabla salvadora que impida que nos terminemos de hundir”, en momentos que hay más propiedades construidas y un mayor número de turistas ingresando al país.

Sostienen que, “paradójicamente, las inmobiliarias hacen menos operaciones (solo el 18% del mercado)”, y recuerdan que el año pasado, aproximadamente medio centenar de empresas del sector cerraron sus puertas “dejando sin trabajo a muchos empleados”.

El comunicado agrega que, “contrariamente a lo que muchos creen, la mayor parte de las inmobiliarias, no son multinacionales que se llevan el dinero al exterior, sino que son pequeños negocios familiares, que se suceden de generación en generación”.

Advierten, por otra parte, que durante 2017 la situación puede arrojar cifras aún más alarmantes y recuerdan que desde hace algunos años ya denunciaban que las inmobiliarias eran obligadas a ser agentes de retención del Impuesto a la Renta, lo que incrementaría el comercio informal.

Afirman que hoy, “de cada cien alquileres realizados, solo dieciocho, se realizan en negocios formales, y se pagan los impuestos. Para colmo de males, el gremio inmobiliario, aparece salpicado por noticias de agentes que han estafado a un importante número de turistas”.

También reclaman que “hace casi medio siglo, que pedimos la promulgación de la Ley del Operador Inmobiliario, (somos el único país de Latinoamérica, que no cuenta con una ley), para brindar mayor protección a los clientes, sin obtener respuesta a nuestras solicitudes”.

“Nunca hicimos una manifestación, nunca realizamos una pintada de muros, siempre apostamos al diálogo, y tal vez por eso, nunca se nos ha tomado en cuenta”, y “las consecuencias están a la vista: el Estado pierde dinero ya que recauda menos y los agentes inmobiliarios cierran sus puertas”, apuntan.

Denuncian que en este escenario, los inquilinos e inversores se encuentran desprotegidos “al no contar con un servicio profesional adecuado, que los asesore, y con toda seguridad, quedarán muchos trabajadores en la calle. Tal vez, ha llegado el momento, de tomar el camino que siempre nos negamos a transitar”.