El caso del sindicalista argentino Marcelo Balcedo y su esposa, es motivo de dos acciones judiciales en nuestro país. Al pedido de extradición solicitado por Argentina, se suma la investigación que procura determinar si cometió algún tipo de delito en nuestro país.
Marcelo Balcedo (54) y su esposa Paola Fiege (33), están detenidos desde el 4 de enero. Tenían pedido de captura internacional (notificación roja) y fueron sorprendidos viviendo en medio de la opulencia en un establecimiento de 96 hectáreas en el balneario Playa Verde.
La Justicia investiga a Balcedo por posibles delitos cometidos en nuestro país, como lavado de activos. En ese marco, desde la Fiscalía de Maldonado se solicitó la inmovilización de activos y embargos genéricos contra el sindicalista argentino, lo que ascendería a unos US$ 10 millones.
Por otro lado, en Montevideo se está sustanciando el proceso de extradición para el que se le otorgó a la Justicia argentina un plazo de 30 días para reclamar el traslado de Marcelo Balcedo y de su esposa para ser juzgados en ese país.
Cabe recordar que, hasta el momento se detectó como propiedades de Balcedo, “El Gran Chaparral” y la casa de veraneo en Playa Verde “Sounión”, además de una flota de automóviles de alta gama, aunque la mayoría de ellos están a nombre de otras personas.
El buen vecino
El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación de Argentina (Soeme), y su esposa, fueron detenidos entre las 6.30 y las 7.00 horas del jueves 4 de enero en Playa Verde durante un sorpresivo operativo.
Dentro de las 24 horas de la detención, se realizó ante el Juzgado Letrado de 1ª Instancia en lo Penal de 34° Turno, la audiencia prevista en el proceso especial de extradición, a solicitud de la Fiscalía Letrada Penal de Montevideo.
Conforme a lo solicitado por las fiscales letradas designadas, se dispuso el arresto preventivo de la pareja por 30 días (desde el día de la detención), plazo en el que el “Estado Requirente” -en este caso Argentina- deberá formalizar el respectivo pedido de extradición.
Las detenciones y allanamientos en el establecimiento “El Gran Chaparral” fueron resultado de tareas de inteligencia que realizó el Departamento de Investigación de Fugitivos (DIF) de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL.
