Este miércoles tuvo lugar la audiencia por la acción de amparo interpuesta por el Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro (Cepatama) de Maldonado, que pide el cese de la actividad que considera ilegal de Uber en este departamento y exige más controles de la Intendencia.

El jueves 4 de enero, el presidente de Cepatama, Víctor Perera, declaró en el periodístico Frecuencia Abierta de Aspen FM de Punta del Este, que era falso que fueran a iniciar acciones legales por la irrupción de Uber, y que no sabía donde había surgido esa noticia.

“Es falso que iniciemos acciones legales” como lo publicó un matutino nacional días atrás y fue reproducido por otros medios. “No sé de donde salió esa noticia”, dijo Perera. Semanas después, la gremial del taxímetro se presentó ante la Justicia.

Cepatama informó que más de 80 taximetristas decidieron la pasada semana iniciar acciones legales, “manteniéndonos en nuestra habitual postura serena, hornada y firme, sin generar enfrentamientos”, y “confiando a la Justicia la salvaguarda de nuestros derechos”.

Los taximetristas pretenden que se obligue a la Intendencia a disponer de inspectores para que fiscalicen específicamente a los conductores de Uber, lo que fue descartado oportunamente por el propio jefe comunal y por el director general de Tránsito y Transporte.

El pedido es para que se realicen controles puntuales en las zonas de mayor trabajo en estos momentos y donde se ha detectado la presencia de automóviles operando para la aplicación, como el puerto de Punta del Este y el aeropuerto de Laguna del Sauce.

Tras la audiencia, la Intendencia de Maldonado emitió un comunicado desmintiendo la versión difundida por una radio local, que da cuenta que se solicitaría la intervención de la Ursec en el diferendo que está planteado entre taximetristas y Uber.

El comunicado señala que este miércoles, “por primera vez, recibió un planteo por escrito de permisarios de taxis en relación a las políticas de fiscalización de transporte de pasajeros” la que será analizada técnicamente en los ámbitos competentes.

En cuanto a la posición de la administración departamental en relación a la acción de amparo promovida por Cepatama, “debemos señalar que la Intendencia de Maldonado no solicitó ni solicitará la intervención de la URSEC en este tema”, aclara el comunicado.

La comuna sostiene que la demanda parte de una premisa falsa, porque se afirma que no se ejercen controles, y que no es el proceso de amparo la primer vía a recorrer, porque hay otros procedimientos judiciales o administrativos naturales.

Reafirmó que, “se han desplegado inspectores en las vías más importantes de circulación, en todos los horarios y especialmente en los de mayor densidad de circulación, a fin de prevenir en primer lugar, y sancionar en casos de detectar transgresiones”.

Además, que inspectores de Tránsito “constataron realización de transporte irregular de pasajeros por automóviles privados, y aplicaron sanciones que llegaron al retiro de matrículas de circulación. Ello acaeció en enero de 2018,  pero también en el año 2017”.

El objetivo de la pausa dispuesta por el Juez, es que las partes puedan encontrar una alternativa antes de un pronunciamiento. La Intendencia, ha sostenido que apenas se levante el receso de la Junta Departamental, se volverá a trabajar sobre una normativa.

(Foto: MaldonadoNoticias)