La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 5º turno, encabezada por la Fiscal Darviña Viera y las adscriptas Fulvia Favretto y Giuliana Realini, imputó el miércoles 3 de junio a tres personas en el marco de la investigación a decenas de personas vinculadas a la explotación de menores, y en casos, suministro de estupefacientes.

Este miércoles, otros dos hombres fueron formalizados en el marco de esta compleja investigación -uno de ellos poseedor de antecedentes penales por estafa en el departamento de Maldonado-, y la primera mujer, con lo que el número de imputados en la “Operación Océano” llega a 18.

La mujer, identificada como E.A.O.H., fue imputada por un delito de contribución a la explotación sexual de personas menores de edad o incapaces, con reiterados delitos de proxenetismo, en calidad de autora. Durante 6 meses, tiene prohibido acercarse o comunicarse con la víctima por cualquier medio.

También H.D.S.N., sujeto de San Carlos poseedor de varios antecedentes penales, el último de ellos por estafa (en agosto del año 2009), fue imputado por un delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces, para ejecutar actos sexuales o eróticos de cualquier tipo.

Este mismo sujeto, fue imputado por reiterados delitos de proxenetismo y reiterados delitos previstos en el Artículo 277 bis del Código Penal (contacto por medios informáticos o similares, a menores de edad para cometer un delito contra su integridad sexual). Fue enviado a prisión preventiva por 2 meses.

Finalmente este miércoles, J.M.P.D.L.C. fue imputado por reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, con reiterados delitos previstos en el Artículo 277 bis del Código Penal.

Este individuo sería un arquitecto de nacionalidad argentina pero radicado en Maldonado, el que, durante 6 meses tiene prohibido comunicarse por cualquier medio o acercarse a la víctima. Como a todos los anteriores formalizados, se les suspendió el ejercicio de la patria potestad o guarda.

Todos quedaron inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia hasta la finalización del proceso.

En la jornada del lunes en tanto, habían sido imputados otros cuatro hombres, por reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, sobre quienes recaen distintas medidas cautelares.

Se trata de: E.D.G.P. (odontólogo); S.D.O.D.A. (psicólogo); G.P.G. (docente); y L.G. (gerente general de una importante empresa). Por otra parte, la Fiscalía solicitó la formalización de otro hombre por el mismo delito, y por suministro de sustancias estupefacientes, caso que fue desestimado por la Jueza del caso.

Para los cuatro imputados, se solicitó como medida cautelar la obligación de fijar domicilio y la prohibición de acercamiento y comunicación por cualquier medio con la víctima por 180 días. En el caso de L.G., por tener nacionalidad extranjera, cierre de fronteras y retención de los documentos de viaje.

Se pidió la suspensión de la patria potestad o guarda de los imputados respecto de sus hijos, y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y privadas en la educación, la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niños y adolescentes, personas con discapacidad y mayores en situación de dependencia.

La Fiscal Darviña Viera, confirmó que se hicieron allanamientos en distintos puntos del interior del país, en los que se requisaron teléfonos celulares y computadoras que sirvieron para obtener más pruebas. Consultada sobre si habrá más detenidos solo dijo que, “estamos investigando”.

El comienzo

La investigación se inició en una denuncia por abuso sexual contra de H.D.S., radicada el 28 de noviembre del año pasado en Maldonado, de la que surgió que este hombre se habría vinculado con una adolescente, la que aseguró que otra chica había sido abusada sexualmente.

En tanto, otro indagado, H.G. presentó denuncia contra esa joven por difamación, ya que la misma habría subido un video a una red social acusándolo de haber abusado de su amiga. Fue la adolescente que entregó su teléfono celular, en el que surgieron diversos elementos probatorios.

Luego de diversas diligencias y pericias realizadas a los aparatos, surgieron datos de otras menores de edad que también serían víctimas de explotación sexual a manos de decenas de hombres mayores de edad. Allí es donde se encontraron nutridos intercambios por chat con los ahora imputados.

Del análisis de los diálogos, se desprendió que un número no precisado de hombres habría pagado o prometido pagar a varias adolescentes, distintas sumas de dinero, o con estupefacientes a cambio de actos sexuales de diversos tipos, incluido el envío de fotografías de contenido sexual.

Los primeros 11

El miércoles 13 de mayo, Darviña Viera solicitó la formalización de W.U.B.G. (abogado, exjuez de Aduanas y Menores, exdocente); M.A.L.G. (abogado, ex asesor de la Ursea); M.A.Z.C. (arquitecto); N.O.D.L. (dirigente colorado de “Ciudadanos” y docente); y N.C.L. (organizador de fiestas de música electrónica).

En su pedido, además, la Fiscal del caso solicitó como medida cautelar para todos los imputados la obligación de fijar domicilio y la prohibición de acercamiento y/o comunicación por cualquier medio con la víctima por el término de 180 días, en tanto sigue la investigación.

También pidió la suspensión de la patria potestad de todos respecto de sus hijos, y la inhabilitación para ejercer funciones públicas y privadas en aquellas áreas que impliquen trato directo con niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.

La conducta desplegada por los 5 imputados, según la Fiscal Viera, encuadra en la figura descripta en los artículos 18, 60, del Código Penal, y artículo 4 de la Ley N° 17.815: Retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo.

Además, en lo contenido en los artículos 14 y 15 del CNA, artículos 31 y 35 de la Ley N° 14.294 y sus modificativas, que castiga distintos delitos vinculados a sustancias estupefacientes. Los dos artículos se refieren al suministro de estupefacientes, entre otras cosas.

El exjuez B.G., está imputado por el delito de promesa de pago a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales en reiteración real, con la modalidad de ofrecimiento de sustancias estupefacientes. El empresario de fiestas electrónicas, fue formalizado bajo la imputación de varios delitos.

Al igual que a B.G., a N.C.L. le imputan reiterados delitos previstos en el mismo artículo la Ley N° 17.815, por la reiterada retribución a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales, en reiteración real, pero además con reiterados delitos de suministro de estupefacientes.

En el caso del dirigente colorado N.O., fue formalizado bajo la imputación de reiterados delitos de retribución a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales; por los mismos delitos están imputados el arquitecto M.Z. y el abogado y ex asesor de la Ursea, M.A.L.

Posteriormente en una extensa audiencia, el miércoles 20 de mayo y en medio de un gran hermetismo de parte de Fiscalía y de los abogados defensores de los acusados, otros 6 hombres fueron formalizados por delitos de retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales.

La audiencia tuvo la particularidad de haber sido muy extensa, pero además la negativa de la Fiscal a responder consultas de los periodistas apostados en el exterior de la sede judicial, por lo cual se pudo saber muy poco de los imputados y sus responsabilidades en el caso.

Tampoco los abogados brindaron información, limitándose a indicar que sus defendidos fueron formalizados por los mismos delitos que los primeros 5 imputados, es decir, por retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo.

En definitiva, los 6 imputados (vinculados al marketing, al sector inmobiliario, a la fotografía y a la política, entre otros) deben cumplir una serie de medidas sustitutivas, ya que como ocurriera con los cinco primeros, no fueron enviados a cumplir prisión preventiva.

Los formalizados por este caso, y por el que aún deben declarar decenas de personas son: A.S.P.S., empresario y economista de 59 años; M.N.B. empresario de marketing; M.S.Dl., fotógrafo; L.E.D.C., empresario y motoquero; J.P.P.S., de 51 años y profesión desconocida; y D.S., empresario.

(Foto: La Diaria)