Una mujer de 31 años víctima de violencia doméstica, domiciliada en Piriápolis, vive una situación insostenible. A su expareja, condenada por tres delitos, le impusieron una serie de medidas sustitutivas a la prisión, pero en las últimas semanas, curiosamente comenzó a “construir” en un terreno ubicado a muy corta distancia de la casa de la nueva pareja de la mujer, violando claramente la distancia a la que se debe mantener.

El caso se remonta al mes de octubre del año pasado cuando G.A.R., de 37 años, fue denunciado por su expareja en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género (UEVDG) de Piriápolis, ya que a pesar de estar a esa altura con medidas cautelares anteriores, las incumplió.

El individuo no aceptaba la ruptura de la pareja, ocurrida en marzo de 2020, y no solo interceptaba a María José (nombre ficticio con el que identificaremos a la víctima) cuando la encontraba en la vía pública, sino que incluso una vez ingresó a su casa por la fuerza, tras romper la cerradura.

En aquella ocasión, tras la intervención policial y judicial, a G.A.R. le impusieron una serie de medidas cautelares, incluyendo la prohibición de acercamiento a la víctima, lo que incumplió por lo que terminó detenido. A fines de junio de este año, el hombre fue formalizado.

En la sede Penal de 11° Turno, le imputaron la presunta autoría de un delito de violación de domicilio agravado, con un delito de violencia doméstica agravada y dos delitos de desacato. Durante 120 días no podía comunicarse por ninguna vía (incluidas las redes sociales y familiares) con la mujer.

Tampoco acercarse a menos de 500 metros de María José, su trabajo o su domicilio y cumplir arresto domiciliario nocturno. Finalmente, el 21 octubre, G.A.R. fue condenado a cumplir 9 meses y medio de libertad a prueba, con el descuento de los días que estuvo con medidas cautelares.

En consecuencia, resta cumplir 8 meses, durante los cuales no puede comunicarse por ninguna vía con María José, ni acercarse a ella a menos de 500 metros, además de portar tobillera electrónica. Sin embargo, se está dando un hecho insólito que, no le brinda garantías a la víctima.

Por trabajo

María José, desde hace más de un año intenta rehacer su vida y tiene una nueva pareja que reside en una zona de la periferia del centro de Piriápolis, a donde ella va asiduamente. Curiosamente, hace unos meses, G.A.R. comenzó a construir una vivienda en un terreno ubicado a unos 300 metros de allí.

El victimario tiene domicilio constituido en Punta Colorada, sin embargo, alegando que allí tiene su trabajo, permanentemente viola la restricción de 500 metros lo que activa el dispositivo que controla la Dirección de Monitoreo Electrónico (DIMOE) del Ministerio del Interior.

Ante estas situaciones, la Policía envía custodia pero para la víctima, lo que resulta estigmatizante y revictimizante para ella, ya que al imputado no pueden retirarlo de la zona porque está en su trabajo, situación que le está generando graves consecuencias al bienestar de María José.

La defensa de María José, así como una organización de defensa y ayuda a las víctimas de violencia doméstica, trabajan intensamente para que esta situación se revierta, y que la Justicia disponga que cuando G.A.R. viole la zona de exclusión, sea él quien tenga custodia y no la víctima.

Por ahora, increíblemente la Justicia dice que la situación se mantenga porque el victimario no está incumpliendo ninguna restricción, lo que quiere decir que cada vez que se active la alarma por la proximidad de este con la mujer, será ella la que tenga un Policía en la puerta de la casa de su pareja, o deberá irse de allí.