Las maniobras habían sido denunciadas por la propia Intendencia de Maldonado en el mes de agosto, y consistían en hacer “desaparecer” deudas por patente de rodados de algunos vehículos que quedaban “blanqueados” al momento de ser transferidos o cambiar de chapas.

El caso fue hecho público por la Intendencia de Maldonado el miércoles 18 de agosto, cuando se confirmó que se había denunciado a un funcionario que se desempeñaba en la dirección general de Tránsito y Transporte, tras iniciarle un sumario administrativo por maniobras irregulares.

De acuerdo a lo comunicado ese día por la administración departamental, las presuntas irregularidades fueron constatadas en el área de Registro de Vehículos, dependiente de la citada dirección general, e involucraba al funcionario L.A.B.T., de 55 años, quien quiso culpar a terceros.

El infiel funcionario, apenas comenzó a ser indagado, sostuvo que alguien había accedido a las claves del sistema en el que trabaja, pero las pruebas recabadas por efectivos de Investigaciones de Zona 4 terminaron por desmoronarlo hasta que asumió su responsabilidad en el fraude.

Las maniobras perpetradas tuvieron que ver con empadronamientos de vehículos, en los que se descubrió que en medio de algunos trámites, desaparecieron deudas por lo que luego estaban “blanqueados” de las mismas al momento se ser transferidos o cambiar de chapas.

Completada la investigación, la Fiscalía dispuso la comparecencia de L.A.B.T. en el Juzgado Penal de 4° Turno, donde resultó condenado a 24 meses de libertad a prueba (con una serie de medidas sustitutivas a la prisión), como autor de un delito continuado de fraude agravado.

De acuerdo a lo dispuesto, L.A.B.T. no podrá cambiar de domicilio y durante los primeros 16 meses estará bajo arresto domiciliario total con tobillera electrónica. Los otros 8 meses, tendrá que presentarse una vez por semana ante la dependencia policial más cercana a su domicilio.

Por otra parte, deberá prestar 8 horas semanales de servicios comunitarios, pagar una multa de 200 UR (al mes de octubre poco menos de $ 300.000), y quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por el plazo de 6 años, por lo cual la Junta Departamental deberá votar ahora su destitución.