Había estado al cuidado de un septuagenario que ahora se encuentra en un residencial de Canelones. Aprovechando que en un momento fue autorizado a realizar extracciones de dinero con su tarjeta de cobro, continuó haciéndolo mientras la víctima estaba internada.

En los primeros días del presente mes, la Policía de Maldonado recibió una denuncia por parte del representante legal de una institución bancaria, por maniobras ilegales con una tarjeta de cobro a nombre de un septuagenario, aportando algunos datos sobre las mismas.

El trabajo policial desembocó en un hombre de 61 años, identificado como J.B.A., quien realizó varias extracciones de dinero exhibiendo el documento de identidad de otra persona, que resultó ser un septuagenario al que cuidó durante un tiempo mientras se domiciliaba en balneario Buenos Aires.

La víctima admitió que mientras J.B.A. lo cuidó, tenía el consentimiento para operar con su tarjeta de cobro y su cédula de identidad, pero que posteriormente sufrió problemas de salud por lo que estuvo internado, pasando posteriormente a vivir en un residencial del departamento de Canelones.

El septuagenario radicó la denuncia en el mes de marzo ante la Policía de Canelones luego de que, una funcionaria del residencial fuera a realizar trámites a su nombre, descubriéndose que J.B.A había realizado varias extracciones de dinero sin consentimiento durante su internación.

En los últimos días, desde la entidad bancaria se comunicaron con la Policía, para alertar que J.B.A. estaba nuevamente intentando realizar otra extracción de dinero, por lo cual varios efectivos concurrieron al banco logrando la detención del individuo que quedó a disposición de fiscalía.

Llevado posteriormente a la sede penal de 11° turno, J.B.A. fue condenado a 24 meses de libertad a prueba, como autor de un delito de apropiación indebida, con dos delitos de estafa en régimen de reiteración real, uno de ellos continuado y especialmente agravado por haberse ejecutado en daño al Estado.

Durante los 2 años de pena, el estafador deberá cumplir arresto domiciliario nocturno en el domicilio que fijó como suyo, presentarse una vez por semana ante la dependencia policial más cercana a su casa, y durante 10 meses prestar tareas comunitarias dos horas por semana.

Asimismo, la sentencia judicial estableció que deberá abonar a la víctima una suma de dinero fijada en la audiencia (no se reveló el monto), cuyo incumplimiento “constituirá una violación grave al régimen de libertad a prueba y ello implicará la revocación inmediata de este beneficio”.