Los imputados, abordaron a un joven al que acusaban de haber hurtado herramientas de la obra en la que trabajaba, bajo amenazas lo subieron a una camioneta y le propinaron una paliza. Ocurrió en la ciudad de San Carlos.

El sábado 2 de diciembre, un joven de 27 años denunció ante la Policía, que había sido abordado por dos individuos a la altura de calles Rincón y Dr. Ascheri, en el barrio La Cuchilla de San Carlos, quienes le habían propinado una golpiza encontrándose herido en el lugar indicado.

Hacia la dirección indicada fue enviado personal de URPM de Zona 3, el que tras identificar a la víctima la trasladó al hospital Alvariza para ser asistida. El herido, dijo que bajo amenazas en el barrio Rodríguez Barrios lo subieron a una camioneta y lo comenzaron a golpear hasta que logró escapar y pedir ayuda.

Dijo que sus agresores lo acusaron de haber hurtado herramientas de la empresa de construcción donde él trabajaba, y que mientras lo golpeaban le exigían la devolución de las mismas. A través del análisis de cámaras de video vigilancia, se realizó el seguimiento de la camioneta.

De esa manera se la pudo ubicar fuera de un hospedaje de la ciudad de San Carlos, sin ocupantes, por lo cual se instaló una discreta vigilancia por parte de funcionarios de Investigaciones de Zona 3, aguardando la llegada de los ocupantes, quienes finalmente fueron intervenidos.

Se trataba de M.R.F.C., de 31 años, y de A.N.P.S., de 29. Inspeccionada la camioneta, se incautó un revólver marca Pasper calibre 22 y 34 balas del mismo calibre. Ambos individuos fueron derivados a dependencias policiales para más averiguaciones mientras todo fue registrado por Policía Científica.

Tras la intervención de la Fiscalía de 1° turno, M.R.F.C. y A.N.P.S. fueron conducidos al Juzgado Letrado de 2° turno, donde se dispuso su formalización por la presunta autoría de un delito de violencia privada, un delito de lesiones personales y un delito de tráfico interno de armas y municiones.

Como medidas cautelares, ambos deberán presentarse ante la Policía una vez por semana, estando impedidos de acercarse a menos de 500 metros de la víctima o comunicarse con ella por cualquier vía o por terceros. También tienen cierre de fronteras con retención de documentos, todo por 90 días.