En el allanamiento realizado el miércoles 2 de octubre, se incautó clorhidrato de cocaína, un arma de fuego y un revólver. Fueron detenidos dos hombres y una mujer, aunque esta última recuperó la libertad.

Desde hacía varias semanas, la Brigada Departamental Antidrogas (BDA) de la Policía de Maldonado, se encontraba trabajando en torno a lo que sería una boca de venta de sustancias estupefacientes en una finca ubicada sobre calle Brazo Largo, en el barrio Sarubbi de la capital departamental.

Recopilados una serie de elementos probatorios de las actividades en el lugar, tras varios días de vigilancia y filmación de los movimientos, informada la Fiscal Letrada de 2° turno, Jessica Pereira, solicitó al Juzgado Penal de 4° turno la orden de allanamiento que, se concretó el miércoles 2 de octubre.

Ese día, efectivos de la BDA apoyados por personal del grupo PADO y de la URPM de la Zona Operacional 2, llegaron a la finca y lograron la detención de 2 hombres y 1 mujer, así como la incautación de 22 gramos de clorhidrato de cocaína, 11 dosis prontas de la misma droga y una balanza de precisión.

Además $ 10.036 guardados en un morral y un revólver calibre 22, así como dos teléfonos celulares que suelen aportan mucha información para este tipo de investigaciones. Los detenidos fueron identificados como D.A.D. y L.N.F.T., ambos de 33 años, y una mujer de 34 que posteriormente quedó en libertad.

Tras ser indagados los dos hombres bajo las órdenes de la fiscal Pereira, el viernes 4 de octubre comparecieron en el Juzgado Penal de 4° turno donde resultaron condenados por distintos grados de participación en varios delitos, y penados con penas de prisión, en un caso por el término de 2 años y 3 meses.

L.N.F.T., fue condenado como autor de un delito continuado de suministro de sustancia estupefaciente prohibida, en régimen de reiteración real, con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones, siendo penado con 2 años y 3 meses de prisión. En tanto, D.A.D, fue condenado como cómplice de un delito continuado de suministro de estupefacientes, y penado con 8 meses de prisión.

También se dispuso que la droga incautada fuera enviada al Instituto Técnico Forense para su análisis y posterior destrucción, el decomiso del revólver y su envío al Servicio de Material y Armamento del Ejercito para su destrucción, y que el dinero incautado fuera remitido a la Junta Nacional de Drogas.