Una mujer que trabajaba en el área de ventas de la Trump Tower que se construye en Punta del Este, con el sello del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, reclama US$ 290.000 a varias empresas, por haberes impagos. La demanda fue presentada el viernes en un Juzgado de Maldonado.

Un grupo de empresas vinculadas al proyecto inmobiliario que desarrolla en la Brava de Punta del Este, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, fue demandado por una ex empleada por US$ 290.000, según consigna este domingo El País.

La demanda fue presentada el pasado viernes en el Juzgado de 1er Turno de Maldonado por el abogado Gúmer Pérez, en representación de una mujer que trabajó hasta mediados de 2015 en el área de venta y administración del proyecto Trump Tower de Punta del Este.

La demanda es contra 5 empresas y 2 particulares, que serían parte de un "conjunto económico" dedicado a negocios inmobiliarios. El monto reclamado es de $ 8.932.895,39 (unos US$ 290.000), por salarios impagos, licencias no gozadas, salario vacacional, aguinaldo, despido abusivo, daño moral y perjuicios.

La mujer fue contratada para trabajar en el área de venta y administración del showroom del proyecto Trump Tower, y comenzó a trabajar el 15 de noviembre de 2013, por lo que percibiría un ingreso fijo mensual, más comisiones por las ventas que realizara.

Al mes de comenzar a trabajar ya tuvo los primeros problemas para cobrar las comisiones. En diciembre de 2013 solicitó que se le informara cuándo y cómo las cobraría, pero no obtuvo respuesta. En enero de 2014 le dijeron que cobraría un sueldo fijo de US$ 400, más una cifra igual por adelanto de comisiones.

Cuando en febrero de 2014 pretendió cobrar sus comisiones (se llevaban vendidas unas 30 unidades), le dijeron que sería de 0,1% y no del 0,5% como se había pactado. La mujer dijo que no renunció en ese momento porque el esposo había perdido su trabajo y ella quería “seguir apostando" al proyecto Trump Tower.

La "gota que desbordó el vaso", dice El País en base al contenido de la demanda, fue la venta de una unidad por la que le dijeron que no cobraría comisión porque el cliente había sido enviado por otro bloker. A partir de allí la relación con sus empleadores se deterioró rápidamente.

Ante su insistencia, logró cobrar algunas comisiones de las ventas, pero para su sorpresa le descontaron 13 meses de comisiones por US$ 400. Ante esta situación, la mujer se consideró despedida, e intimó a sus empleadores a que le pagaran las comisiones. Se desvinculó laboralmente el 10 de julio de 2015.

En la demanda, el abogado Gúmer Pérez pide que se consulte al Banco Central si algunas de las ventas en la que participó su clienta fueron reportadas como "Operaciones Sospechosas", a fin de desligar cualquier vinculación de la demandante con los compradores.

Pérez dijo a El País que esta es una "demanda inédita" en Uruguay, porque involucra a un grupo de empresas con fuertes inversiones, en un proyecto inmobiliario que tuvo el apoyo del gobierno y que lo declaró de interés turístico para el departamento de Maldonado.