La Comisión de Fomento Punta Colorada, emitió en las últimas horas un comunicado en el que califica de crítica la situación de la costa en esa zona, y pide a las autoridades departamentales y nacionales el apego a la normativa vigente y a una nueva Directriz aprobada semanas atrás.

El comunicado señala que la intervención anunciada por la Intendencia de Maldonado, es una costosa operación de movimiento y retiro de arena para habilitar la circulación de vehículos en la Rambla de Punta Colorada, que omite tomar en cuenta algunas propuestas de los vecinos.

Se recuerda que, “a comienzos del año en curso hicimos llegar a las autoridades una propuesta alternativa de solución al tema planteado, formulada desde una óptica ambiental y tomando como referencia las más consensuadas técnicas de ordenación del espacio costero”.

Hace referencia luego a los alcances de la Ley N° 17.283 del año 2000 referida a la protección del ambiente, que consagra al desarrollo sostenible y declara de interés general “la conservación de la diversidad biológica y de la configuración y estructura de la costa”.

Destaca que la misma ley interpreta como una modificación perjudicial a la configuración y estructura de la costa a “toda alteración exógena del equilibrio dinámico del sistema costero o de alguno de sus componentes o factores determinantes”.

El comunicado, también refiere a la reciente aprobación en el ámbito parlamentario de la denominada Directriz Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del espacio costero del Océano Atlántico y del Río de la Plata, “un nuevo instrumento para reorientar el desarrollo de la costa…”.

La Comisión de Fomento Punta Colorada, entiende que la nueva Directriz Nacional aprobada semanas atrás, afecta e involucra directamente a esa zona costera, en el entendido de que, “nuestro balneario y su entorno quedan comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la misma”.

En función de una serie de aspectos de la normativa analizados, se insta “a las autoridades nacionales y departamentales: al íntegro respeto de las normas legales vigentes; a considerar la alternativa planteada como la búsqueda de un nuevo modelo de ordenamiento del espacio costero, acorde a las nuevas demandas turísticas y las exigencias medioambientales del siglo XXI; a transitar caminos de diálogo y entendimiento alcanzando soluciones consensuadas con la comunidad”.