La nueva Ley 19.772, denominada Directriz Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Espacio Costero del Océano Atlántico y del Río de la Plata, supone un salto cualitativo en la protección de las costas uruguayas. Estimula la coordinación y cooperación público-privada para promover un modelo de desarrollo costero sostenible, democrático y participativo.

El director nacional de Ordenamiento Territorial, José Freitas expresó que “faltaba una ley nacional que mirara específicamente la ordenación del espacio costero, que definiera objetivos claros y lineamientos fundamentales para ordenar las actividades de la costa”.

Respecto a la promulgación de la Ley 19.772, Freitas aseguró que será un instrumento que, “permitirá dar mayor coherencia a los planes desarrollados por las seis intendencias costeras, las gestiones de prefectura, los municipios y el Mvotma.”

También explicó que, “si bien hay mucha área urbanizada en la costa y en ella vive el 70% de la población de Uruguay, el 77% de este territorio es rural y más de la mitad de su área es casi virgen. Por lo cual esta ley es una gran oportunidad de planificar los procesos futuros y orientar el desarrollo sostenible de la costa.”

Se entiende que la nueva ley será el paraguas para el desarrollo de todos los planes, proyectos y programas de nuevas urbanizaciones y de grandes infraestructuras y equipamientos que se implementen en ese ámbito, alcanzando así, un escenario de reglas claras de cómo actuar respecto a la costa.

Con esta Directriz Nacional se da respuesta a un problema de aplicación de la protección costera, ya que establece que se podrá extender la faja de defensa de costas definida por el Artículo 153 del Código de Aguas, hasta el límite de los componentes vulnerables de los ecosistemas identificados en cada uno de los planes y proyectos.

Freitas explicó que “s bien ya existía una ley de protección de la faja costera de 250 metros, tenía una debilidad, no siempre esa distancia era suficiente. Esta ley exige a los proyectos y planes que identifiquen los ecosistemas más débiles y en ellos los componentes más vulnerables”.

“De esta forma, la demarcación de la zona de protección costera deja de ser una franja estática y formal, para ser definida de manera más realista en función de las características específicas de cada zona”, puntualizó el director nacional de Ordenamiento Territorial.

Básicamente, se busca orientar los procesos de desarrollo urbano evitando el continuo urbanizado a lo largo de la costa, y propone alternar los centros urbanos densos con áreas de baja intensidad de uso y con espacios naturales que permiten esa dinámica de los ecosistemas costeros.

Además Freitas destacó que esta ley determina la accesibilidad y uso público de las playas y costas, “si bien en Uruguay la playa siempre fue pública, hasta ahora no había ninguna norma que lo dejara explicitado. Esto traía problemas a la hora de exigir a los proyectos que dejaran una vía de acceso”.