Son contra el Ministerio de Ambiente y la Intendencia de Maldonado por construcciones que consideran irregulares, desarrolladas en la playa del balneario, a 50 metros del mar, sobre las dunas y en una zona considerada de fragilidad ecosistémica.

En las demandas presentadas, se solicita la detención inmediata de las obras y que se revierta el impacto que según los demandantes causan ambas construcciones en plena Playa Brava de José Ignacio, ya que no respetarían el ordenamiento territorial y afectan gravemente el ecosistema costero.

Paralelamente, los vecinos de José Ignacio elevaron una carta al presidente de la República con más de 300 firmas solicitándole que intervenga en el tema debido al grave impacto que está generando en el lugar y el daño al medioambiente que está causando y que podría ser irreversible.

Las construcciones -de propietarios argentinos- se realizan en predios de 812 y 800 metros; una abarca 500 metros cuadrados edificados y la otra unos 400. Según los demandantes, se está sobrepasando además la altura permitida y se utilizan materiales de construcción que no se ajustan a la normativa.

Las dos se levantan en la faja de “defensa de la costa” a unos 50 metros del mar, sobre la duna primaria que es la zona más sensible de la playa, y en una de las tres manzanas definidas como “de fragilidad ecosistémica de José Ignacio”, según el Plan Local de Ordenamiento Territorial aprobado en 2014.

Una de las fincas, que abarca unos 500 metros de construcción es de hormigón y se levanta sobre la Playa Brava de José Ignacio, y la otra, ubicada a un lado de la anterior tiene una altura que superaría en 1,5 metros lo autorizado: tiene 7,5 metros en lugar de los 6 que se autorizan para la zona.

El avance de obra es muy importante en los dos casos, más allá que desde que comenzaron las construcciones, los vecinos han presentado recursos formales ante las autoridades para que se tomen medidas por los presuntos incumplimientos notorios de la normativa y la grave afectación del entorno.

Según la información enviada a MaldonadoNoticias, en el caso de la casa de menores dimensiones, el Ministerio de Ambiente, el 17 de junio de 2021 dispuso la suspensión de la obra por haber “incumplido las condiciones de autorización pudiendo provocar afectación al paisaje de la costa”.

Además, intimó al propietario a presentar en el plazo de un mes un plan que se ajustara al proyecto autorizado, además de solicitar la descripción de las obras a demoler, la gestión de los residuos y las medidas ambientales a tomar. Sin embargo, la obra continuó y no hubo demolición alguna.

En relación a la otra casa (comenzó a construirse a fines de 2019), informes elaborados por geólogos y arquitectos independientes consultados por los vecinos, señalan que la obra ocasiona un impacto negativo en la configuración costera, generando que la arena que era parte del médano ahora se escape por la calle.

Los técnicos consultados, explicaron que la obra es “incuestionablemente una construcción pesada en cuanto a su diseño y materialidad”, algo que claramente atenta contra la normativa que autoriza únicamente “construcciones livianas” en esa zona protegida de la costa de José Ignacio.

Entienden que es de tipo convencional y que no está adaptada a la alta dinámica costera, por lo cual su construcción debiera hacerse “más hacia el continente” y elevada al menos 1 metro y con materiales livianos, por lo cual también debería decidirse la demolición de la estructura actual.

En su demanda, los vecinos sostienen que cuando se comenzó a construir, a fines del año 2019, denunciaron ante la Intendencia de Maldonado que no cumplía con la normativa para la zona, porque no se trataba de una construcción liviana y no tenía la altura debida respecto al suelo costero.

La obra no contaría con el permiso de construcción correspondiente y no habría sido presentado en consulta previa para su estudio, por lo cual se suspendió momentáneamente aunque tiempo después se retomaron los trabajos sin que se pudiera constatar ningún cambio.

Los vecinos recurrieron entonces a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), y aunque no se pronunció sobre las presuntas irregularidades, estableció que se debía suspender la obra ya que había caducado la autorización y hasta tanto no se tramitara una nueva no podía continuar.

(Fotos: Cedidas por vecinos de José Ignacio)