El viernes 9 de septiembre, la jueza letrada en lo civil de 7° turno, Virginia Ginares, resolvió que se mantenga la decisión adoptada por el juez de feria Alejandro Recarey el 8 de julio pasado, que dispuso la detención de obras previstas por la IDM desde la Brava de Punta Colorada en dirección a Punta Negra.

La decisión de Recarey, fue consecuencia de una acción de amparo presentada por “Nativos Punta Colorada” y la Comisión Fomento de Punta Colorada (CFPC), que provocó la inmediata reacción de la Intendencia de Maldonado que, el jueves 14 de julio presentó un recurso de reposición y apelación.

La decisión de la jueza Ginares, rechaza el recurso de reposición contra la medida cautelar interpuesta por la administración departamental, y confirmó la suspensión de toda obra prevista en la zona mencionada, así como el pasaje del expediente a un tribunal de apelaciones en lo civil.

La decisión de la magistrada, señala que “no existe en el caso ningún agravio para los demandados que pueda ameritar variar la decisión adoptada” porque la IDM sostiene que no existe ninguna obra en desarrollo porque se terminaron hace casi un año, y solo se recoge arena que cubre la ruta.

Detonante

El jueves 14 de julio, el Ejecutivo Departamental de Maldonado, representado por el abogado Hugo Álvez, presentó en el Palacio de los Tribunales, frente a la Suprema Corte de Justicia, en Montevideo, los recursos de reposición y apelación contra el fallo del juez Alejandro Recarey emitido el viernes 8 de julio.

El magistrado, resolvió que se detengan las obras previstas por la Intendencia de Maldonado desde la Brava de Punta Colorada en dirección a Punta Negra, como resultado de una acción de amparo presentada por “Nativos Punta Colorada” y la Comisión Fomento de Punta Colorada (CFPC).

El recurso de reposición y apelación presentado, es contra el decreto del juez Alejandro Recarey que decidió la medida cautelar que “supuestamente suspende la construcción de una rambla en Punta Colorada cuando tal obra no existe, ya que la rambla tiene más de 60 años”, esgrime la IDM.

También se agrega que lo que hizo la Intendencia de Maldonado fue refaccionar la misma y que las obras se terminaron e inauguraron en diciembre de 2021, desconociendo la denuncia de las dos organizaciones que hacen referencia a un segundo tramo desde Punta Colorada hacia Punta Negra.

En el documento, se aseguró que el magistrado se basó en testimonios de testigos que faltaron a la verdad, motivo por el cual la IDM decidió denunciarlos por falso testimonio, porque “se acusó a la Intendencia infundadamente de actos ilícitos que no cometió”, señaló el abogado.

Ante el argumento de que la rambla entre San Francisco y Punta Colorada fue construida sin permisos ambientales, Álvez acotó que, “las ramblas, por el Artículo 153 del Código de Aguas, están fuera de la faja de defensa costera y no se requiere ninguna autorización ambiental para trabajar fuera de ella como es el caso”.