La Red en defensa de Punta Ballena Natural, Libre y Silvestre, que necesita alcanzar unas 25.000 firmas para habilitar una iniciativa departamental para declarar a Punta Ballena como “Área Natural Protegida”, organiza una masiva recolección de adhesiones para el domingo 27 de octubre, jornada de elecciones en nuestro país.

 

Unos 80 voluntarios de distintas organizaciones se distribuirán en las proximidades de unos 30 circuitos de votación de las principales ciudades y localidades del departamento de Maldonado para recoger firmas, aprovechando el importante movimiento ciudadano que se va a registrar, con el objetivo de seguir sumando firmas.

En estos momentos se está organizando el trabajo que desarrollarán los voluntarios, que estarán presentes cerca de las mesas de votación entre las 9.00 y las 17.00 horas, en circuitos de Maldonado, Punta del Este, La Capuera, La Barra, balneario Buenos Aires, Piriápolis, Pan de Azúcar y San Carlos.

Organizadores de la recolección de firmas, explicaron a MaldonadoNoticias que se trata de alcanzar el 15% del padrón electoral de Maldonado, que equivale a unas 25.000 firmas para presentar ante la Junta Departamental el petitorio para que Punta Ballena sea declarada “Área Natural Protegida”.

Si el Legislativo Departamental lo aprueba el objetivo estará logrado porque la zona en cuestión automáticamente cambiará su estatus, pero si en caso contrario no lo hace, la ley establece automáticamente que el Intendente de Maldonado deberá convocar a un plebiscito departamental.

“Nuestra iniciativa debe juntar 15% de las firmas del padrón electoral en Maldonado (sólo personas con credencial de este departamento) para entregar a la Junta Departamental la solicitud de protección de la valiosa península de Punta Ballena”, señala un comunicado emitido en las últimas horas por el movimiento.

Remarca que se ha recorrido un camino “muy largo de diálogo y movimiento”, logrando una histórica participación que va más allá de Maldonado, y que se han cumplido todos los pasos que están dentro de la legislación para proteger “lo que el pueblo uruguayo entiende como patrimonio nacional”.

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