La Comisión Investigadora conformada en la Junta Departamental de Maldonado, para analizar el acuerdo extrajudicial de la administración Antía con el doctor Hugo Alvez, se expidió a través de tres informes. Con los votos de los 16 ediles blancos, el acuerdo por más de US$ 500.000, fue respaldado.

El edil colorado, doctor Juan Eduardo Silveira, propuso a fines de agosto de 2016, la conformación de una Comisión Pre Investigadora, que definiera si se daba lugar a una Investigadora para analizar el acuerdo suscripto entre la administración Antía y el doctor Hugo Alvez.

La comisión, conformada por ediles de los 3 partidos políticos con representación en el Legislativo, contó con 48 horas para analizar el petitorio, decidiendo finalmente recomendar la creación de una Comisión Investigadora, la que se expidió recientemente a través de 3 informes.

En la noche de éste martes y como último punto del orden del día, se pusieron a consideración del cuerpo los 3 informes: dos en minoría presentados por el Frente Amplio y el Partido Colorado, y el tercero de los representantes del Partido Nacional en la Investigadora.

Finalmente, éste último y con los votos de toda la bancada nacionalista (16), fue aprobado, respaldando el acuerdo suscripto entre la Intendencia de Maldonado y el doctor Hugo Alvez, por el cual el profesional debe ser indemnizado por una cifra que supera el medio millón de dólares.

Silvera, consultado este miércoles en el periodístico Frecuencia Abierta de Aspen FM de Punta del Este, reiteró que de ninguna manera la administración Antía podía haber llegado a un acuerdo por ese monto sin haber pasado por la Junta Departamental.

Reiteró que es un muy mal acuerdo, y que le llama la atención como no se siguió peleando en el ámbito judicial como sí se hizo en el millonario juicio (por unos US$ 11 millones) entablado por decenas de inspectores de tránsito, logrando abatir el monto reclamado.

Mucha plata

La Intendencia de Maldonado acordó indemnizar al doctor Hugo Alvez (abogado) en poco más de US$ 500.000 por los presuntos perjuicios sufridos desde 2006, cuando la administración De los Santos lo cesó en 3 oportunidades. El acuerdo se selló a mediados de 2016, anulando la demanda judicial que estaba en curso.

Un informe de MaldonadoNoticias del 27 de junio del año pasado dando cuenta del acuerdo alcanzado entre la administración Antía y Alvez, por el cual éste último será indemnizado en US$ 500.000, generó múltiples reacciones y la primera fue de Silvera y luego de la bancada de ediles del FA.

El acuerdo por el voluminoso monto, dejó por el camino una larga demanda judicial que aún no tenía sentencia, y fue el punto que más llamó la atención, porque no existía certeza de que la IDM perdiera ese juicio. Antía y Alvez son correligionarios políticos desde hace muchos años.

Varias fuentes políticas consultadas por este caso, incluso el edil Juan Eduardo Silveira, coincidieron en que la Comisión Investigadora, antes que nada debería determinar si la administración departamental tenía que haber elevado el caso al Legislativo para que aprobara un acuerdo de ese monto.

A julio de 2015 -cuando asumió el Intendente Enrique Antía-, con excepción de la primera acción de nulidad ante el TCA, que determinó una sentencia favorable al doctor, todos los reclamos judiciales posteriores “habían sido controvertidos por los profesionales actuantes en nombre de la Intendencia”.

Ninguna de las tres acciones legales posteriores había culminado en julio de 2015, “y por lo tanto tampoco ninguna de ellas había arribado a sentencia”, cuando en junio del año 2016 la administración encabezada por Enrique Antía llegó a un acuerdo con el doctor Hugo Alvez.

El FA entendió que se suspendieron -sin conocerse el motivo­ las acciones judiciales, sin esperar el resultado de los procedimientos y las sentencias correspondientes “que establecerían si se contemplaban las demandas, total o parcialmente, o si se daba razón a la actuación de la administración”.

Por otra parte, se subrayó que “se realiza una transacción sin autorización de la Junta Departamental”, y que se contradice todo lo actuado judicialmente por los profesionales de la División de Asesoría Jurídica de la Intendencia, “y los resultados de los procedimientos sumariales”.