El proyecto consta de 9 artículos y fue elaborado tras una ronda de contactos con los ministerios del Interior, Vivienda y Ordenamiento Territorial, y Ambiente y sus respectivos técnicos. Echevarría, destacó que el texto intenta dotar de herramientas al Estado ante tan compleja situación.
El proyecto de ley presentado por el diputado Echavarría (Partido Nacional) para combatir las ocupaciones ilegales de tierras, fue acompañado por los 4 diputados del Partido Nacional de Canelones, el de San José y el de Rocha, departamentos donde esta problemática se ha agudizado en los últimos tiempos.
El documento, establece que el Poder Ejecutivo o las intendencias, en el ámbito de sus competencias, tendrán legitimación para entablar la acción judicial que se regula en el proyecto de ley, para impedir la formación de fraccionamientos, loteos, y la demolición de obras cualquiera sea su destino.
Asimismo, alcanza a las ocupaciones en general u otra alteración física del territorio y demás bienes del ambiente, en infracción a la normativa referida, que recaigan sobre bienes de propiedad privada y de acuerdo a sus competencias, o a bienes del dominio público o fiscal.
En caso de infracciones a la normativa de ordenamiento territorial, que recaigan sobre bienes públicos o fiscales, las intendencias o el Poder Ejecutivo, una vez que el acto administrativo sea definitivo (artículos 309 y 318 de la Constitución de la República), podrán requerir el auxilio de la fuerza pública para su ejecución.
Si existiere resistencia por parte del infractor a cumplir lo dispuesto por la autoridad administrativa competente, el proyecto del diputado Echeverría habilita a solicitar el auxilio de la fuerza pública y si recayera sobre un hogar, en caso de oposición, se solicitará orden escrita al Juzgado Letrado de 1ª Instancia.
Esta sede, tendrá competencia en materia civil (Artículo 11 de la Constitución) para ejecutar el acto administrativo definitivo, lo que se resolverá sin más trámite y se cometerá al alguacil, quien deberá solicitar el auxilio de la fuerza pública, sin necesidad de nuevo mandato judicial en caso de continuar la resistencia.
El legislador, expresa además en su proyecto que, “en los últimos tiempos en nuestro país hemos sido testigos de un crecimiento de las ocupaciones ilegales, con las consecuencias jurídicas y sociales que ello implica”. En Maldonado, la problemática se agudizó en varias zonas costeras.
Entiende que, “la ocupación ilegal de un inmueble no solo es un avasallamiento de la propiedad privada, sino que es un ataque a las normas de convivencia y respeto que deben primar en una sociedad”, expresó Echeverría, independientemente de los perjuicios ambientales que puede generar.
“La ocupación ilegal no solo es una vulneración a la propiedad sino que también lo es al ordenamiento territorial y al medio ambiente, razón por la cual se debe legislar en la materia, dotando de herramientas al Estado para combatir este flagelo”, dijo, y remarcó que no se puede naturalizar este tipo de comportamientos.
Esto, “tampoco se puede ver con permisividad o tolerancia. Se debe actuar con rapidez, firmeza y transparencia, con acciones legales rápidas que no permitan avanzar estos fenómenos, donde el tiempo, a veces cuestión de horas, pueden hacer la diferencia”, manifestó Echeverría.
El proyecto de ley establece formalidades legales que garantizan el debido proceso y los derechos de todas las partes, y a texto expreso contempla la posibilidad de auxilio de la fuerza pública, donde el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional, prestarán auxilio directamente a los otros órganos competentes.
“Intenta ser un aporte a la capacidad de respuesta del Estado, más rápido y más eficiente, dando instrumentos al Poder Ejecutivo y a los gobiernos departamentales, sumándolos a las herramientas de tipo penal que hoy existen en la legislación uruguaya”, concluyó el diputado Echeverría.
