La semana que quedó atrás se archivó la última de las causas judiciales iniciadas en 2016 por la actual administración departamental nacionalista, contra quien fuera dos veces intendente por el Frente Amplio, Oscar De los Santos, a quien se acusaba de, presuntamente haber cometido graves delitos.

En martes 17 de mayo de 2016 -en el anterior periodo de gobierno-, el Intendente Enrique Antía, basado en informes de la consultora Phoenix, disparó una serie de acusaciones contra la administración departamental frenteamplista y decidió presentar 4 denuncias ante un Juzgado en Crimen Organizado de Montevideo.

Sin embargo, posteriormente fueron derivadas del Juzgado de Crimen Organizado a la Justicia Penal de Maldonado por una cuestión de competencia. Poco después, el exjefe comunal y entonces diputado del FA acusado, Oscar De los Santos, dijo que iría a declarar “cuando me citen”.

Oscar De los Santos, se había manifestado sorprendido porque algunas de las denuncias formuladas en su contra, entendía que ya debieran haberse realizado incluso ante la Policía, si eran tan claras y contundentes, y cuestionó la radicación de las mismas en la capital del país.

Dijo que no le sorprendía porque había “sed de revancha” de parte de Antía, pero, además, recordó que la doctora Adriana Graziuso (directora de Asuntos Legales) era jueza penal en Maldonado cuando una década antes él había presentado denuncias que vinculaban al ingeniero Antía y ninguna prosperó.

Aseguró que tenía la tranquilidad de saber que todo se hizo bien y a la vista de todos, pero reconoció que no era agradable observar cómo desde ese momento era mirado como si hubiera cometido un delito. “Se sufre, no estoy aislado en un tubo de ensayo”, agregó para ser gráfico.

El intendente Enrique Antía, había dicho que las denuncias eran sobre “un bien inmueble rural al Norte del Cerro Pelado donde se constaron actos ilegales”; otra referida a “expediciones de documentos públicos falsos y diferencias en tasaciones de padrones” en el paraje La Capuera.

Otra de las denuncias, era por mala administración en las terminales de ómnibus, “donde desde el año 2006 a la fecha no surge contabilidad de ingreso alguno”, había fundamentado el entonces jefe comunal que, para el siguiente periodo (el actual) resultó reelecto por un amplísimo margen.

Para llevar adelante la batería de denuncias, fue contratado en forma directa el doctor Enrique Moller. El miércoles 12 de octubre, se conoció la noticia de que la Justicia decidió archivar la cuarta y última denuncia contra Oscar De los Santos, al no encontrarse elementos que probaran irregularidades o algún ilícito.

Esta denuncia (las anteriores ya había sido archivadas) estaba vinculada a la compra de tierras al Norte del barrio Cerro Pelado de Maldonado, por US$ 2,5 millones, la que se realizó mediante un llamado a licitación que cumplió con las exigencias del Tocaf, y a la que se presentó un solo oferente.

Tenía confianza

Apenas conocido el fallo judicial, Oscar De los Santos escribió en su cuenta de Facebook una carta en la que agradece el respaldo recibido de su familia y de sus “compañeros de siempre” del FA, y subraya que siempre confió en el sistema de Justicia de Uruguay y nunca utilizó sus fueros parlamentarios.

Parte del contenido de lo publicado por De los Santos, es el siguiente.

“Reconozco que esto fue parte de una operación política de Antia y de un sector del Partido Nacional junto a un sector reducido de los medios, encabezado por radio Gente. Buena parte de los dirigentes, militantes y ciudadanos de la coalición hoy gobernante, no participaron de ésta lastimosa acción de persecución política”.

También agradeció el desempeño de los profesionales que lo defendieron en estas causas, los doctores Gonzalo Peloche y Marcelo Amoroso, y reveló que “algunas personas que me quieren mucho, me plantearon por qué no iba contra la Intendencia para que se me resarciera moral y económicamente”.

Ante esto dijo Oscar De los Santos: “no lo haré porqué debemos asegurar y tener gestos para que la política no se judicialice y la separación de poderes funcione. El pueblo uruguayo y en este caso el de Maldonado, es el que tiene la oportunidad de juzgar y ya lo hizo”, concluyó.