El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, compareció este martes en el Parlamento, convocado por la oposición para responder por la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito, ocurrida la noche del domingo 23 de junio de la ex cárcel Central. Bonomi admitió que “se presume dolosa” aunque no aportó a su salida de la comparecencia otros datos.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, compareció este martes ante la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia del Senado, por la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito y otros tres detenidos (que ya fueron recapturados) de la ex cárcel Central sobre la medianoche del domingo 23 de junio.

En declaraciones a la prensa, Bonomi aseguró que se habían tomado varias medidas para impedir la fuga tras algunos informes que alertaban de esa posibilidad, tras recordar que Morabito luego de ser detenido el 2 de septiembre de 2017, fue procesado por delitos cometidos en Uruguay.

Agregó que en ese momento fue recluido en la ex cárcel Central y luego trasladado al penal de Libertad, en San José. Una vez cumplida la pena, Rocco Morabito debió volver a la ex cárcel Central a cumplir prisión administrativa por el pedido de extradición de Italia.

Recordó que de acuerdo con las disposiciones legales una persona que cumple prisión administrativa no puede estar en cárceles para delincuentes procesados o con condena, por lo cual, no fue trasladado a otro centro de reclusión ni a la Guardia Republicana, adonde había pedido que lo llevaran.

Allí no se lo trasladó porque estaría en contacto con González Valencia, el narco mexicano (que también vivía en Punta del Este) y que también esperaba por un proceso de extradición. Bonomi aseguró que conocía el informe que en junio de 2018 alertó de la posibilidad de fuga.

“Obviamente conocimos ese informe, tomamos medidas y se evitó (la fuga)”, aseguró, al tiempo de revelar que también hubo “intentos de fuga más recientes”, por lo cual “se tomaron medidas”, como la custodia que se dispuso con personal de la Guardia Republicana en la ex cárcel Central.

Consultado acerca de si hubo colaboración policial para que la fuga de junio se concretara, respondió que, “esta es una fuga que se presume dolosa pero no podemos afirmar que haya sido así”, y se negó a revelar si existe alguna pista sobre el actual paradero del fugitivo.

Sobre el tema de las cámaras de seguridad de la ex cárcel Central que no estaban funcionando desde días antes de la cuádruple fuga, aclaró que por orden de la Fiscalía se había retirado el DVR donde están las filmaciones, y que las autoridades del centro debían haber tomado medidas de prevención.

El retiro del DVR se había dado en el marco de una investigación sobre presuntos malos tratos que los mismos detenidos fugados habían denunciado tiempo atrás. El DVR es el disco duro donde se van archivando todos los registros de las distintas cámaras de un mismo sistema.