Se trata del caso Barrabino que, según la izquierda, el Partido Nacional no permitió que fuera investigado en la Junta Departamental, pero que tampoco lo hizo el propio Ejecutivo que no solo no brindó información sino que no investigó lo denunciado en el mes de agosto.

En conferencia de prensa -en la que estuvieron presentes todos los ediles del Frente Amplio en la Junta Departamental de Maldonado-, se anunció la decisión de presentar una denuncia contra el director de Planificación y Fiscalización de la dirección general de Gestión Ambiental de la comuna.

Los ediles frenteamplistas, entienden que este es el único camino que queda por recorrer a partir del momento que el Legislativo Departamental no aprobó la conformación de una comisión investigadora para analizar una grave denuncia realizada contra Gaspar Barrabino.

También, porque el propio Ejecutivo Departamental en conocimiento de la grave denuncia formulada meses atrás, tampoco realizó ninguna investigación, por lo cual, y en el entendido de que se trata de hechos graves que deben aclararse, se elevará una denuncia ante Fiscalía.

El coordinador de la bancada del FA, Leonardo Delgado, explicó que “el Partido Nacional cerró” la posibilidad de conformar una investigadora, que luego se presentaron en la Intendencia solicitando información, se hizo un pedido de informe y se cumplieron otros pasos, pero no hubo respuesta.

Fue un no

El martes 10 de agosto, la edila Susana Hernández (Frente Amplio), solicitó la conformación de una pre investigadora para que analizara dichos del director de Planificación y Fiscalización, dependiente de la dirección general de Gestión Ambiental, que se viralizaron a través de un audio en redes sociales.

La edila y ex intendenta de Maldonado, señaló en su pedido que era necesario aclarar el alcance de este audio de Gaspar Barrabino (Cabildo Abierto) que, según dijo, preocupaba y ponía en duda la transparencia de los procesos licitatorios públicos que evidencian “tráfico de influencias”.

Aseguró que se trataba de presiones sobre eventuales ganadores de licitaciones, lo que desestimula a otras empresas a presentarse en igualdad de condiciones, y que, si bien es una presunción de irregularidad, como ediles que deben hacer el contralor, solicitaba la conformación de la citada comisión.

En la grabación, que se hizo viral en redes sociales, el funcionario se refiere a licitaciones en curso y le solicita una serie de datos a una persona (no claramente identificada), para que empresas que resulten ganadoras, lo tengan en consideración para otorgarle una plaza de trabajo.

Una semana después, durante la sesión de la Junta Departamental y a partir del informe en mayoría de la preinvestigadora, integrada por dos miembros del Partido Nacional y uno del Frente Amplio, no se consideró necesario conformar una investigadora lo que desató un extenso debate.

Posteriormente, el jueves 9 de septiembre una delegación de ediles de la oposición, se presentó en el edificio comunal, para solicitar más información relacionada al caso Barrabino y su presunto tráfico de influencias revelado en los audios que se habían hecho públicos.

A esa altura el caso tampoco había tenido repercusión en el ámbito de la administración departamental, ya que el intendente Antía no se refirió al asunto por ninguna vía, lo que ratificó que Gaspar Barrabino contaba con su total respaldo y el del resto del gabinete comunal.

En un comunicado emitido antes de aquella visita, los ediles del FA reiteraban que la Intendencia de Maldonado “niega el expediente sobre el caso Barrabino”, y que los curules recurrieron “a su derecho de visitar las dependencias de la intendencia para tener a la vista el expediente…”.

Se había solicitado la comparecencia del funcionario en la Junta Departamental para aclarar la situación, a lo que también la administración “hizo oídos sordos”, por lo cual decidieron concurrir al propio edificio comunal al amparo de lo previsto en el reglamento del Legislativo Departamental.

“En la Intendencia de Maldonado, no se permitió acceder a los documentos a consultar, incumpliéndose con el Artículo 91 del Reglamento de la Junta Departamental, el cual otorga a sus integrantes la potestad de visita y acceso a información en oficinas públicas departamentales”, se denunció.