El edil Leonardo Delgado (FA, 738), se quejó de la administración departamental, que sigue sin responder una infinidad de pedidos de informes realizados, entre los que se destacan, últimamente, la forma en que se contrató a la consultora local Dígitos, y la inversión de US$ 20 millones en el sistema de cámaras de seguridad.

Leonardo Delgado, entrevistado este lunes en el periodístico Frecuencia Abierta de Aspen FM de Punta del Este, dijo que la administración, está “violentando la ley” con una serie de contrataciones directas, que además han sido observadas por el Tribunal de Cuentas (TCR).

Dijo que desde la bancada frenteamplista en la Junta Departamental de Maldonado, ha efectuado innumerables pedidos de informes a la Intendencia Departamental, “y hasta ahora no tenemos respuesta en ningún caso”. Advirtió que seguirá insistiendo porque es su obligación hacerlo.

El edil del sector del ex Intendente De los Santos, espera respuestas de la administración sobre la cuantiosa inversión prevista, de unos US$ 20 millones, en un sistema de seguridad ciudadana que dotará a las principales ciudades del departamento de cámaras de seguridad y un centro de monitoreo.

Delgado dijo que su sector cuestionó la inversión anunciada desde un primer momento, porque se trata de un monto muy importante que se erogará a través de una “compra directa”, sin que se haya realizado un llamado a licitación, y sin que se conozcan otros detalles.

Respecto a la contratación -también directa de la consultora Dígitos-, cuyo titular es el actual presidente de la Cámara Empresarial del Departamento de Maldonado, José Pereyra, sostuvo que llama la atención porque entre otras cosas, no había previsión presupuestal para ese gasto.

El pedido de informes se sustenta en el contrato con la citada consultora por $ 2.067.000, por un plazo de 12 meses en régimen de arrendamiento de obra, y en forma directa sin proceso competitivo. Delgado agregó, además, que por ahora no se conocen resultados de la investigación encargada.

Finalmente, se refirió al tema planteado en la última sesión de la Junta Departamental, durante la cual vecinos del barrio Maldonado Nuevo fueron retirados de las barras por portar carteles a favor de la expropiación de 128 padrones para encontrar una salida definitiva a su problemática.

Delgado explicó que la administración ha utilizado en mecanismo de la expropiación de tierras para solucionar el grave problema de las familias asentadas en El Placer, Kennedy y Los Eucaliptos, pero que no responde a un pedido similar para más de 300 familias de Maldonado Nuevo.

Subrayó que esos vecinos luchan hace varias décadas por regularizar su situación, y que en promedio han abonado al dueño de la tierra unos US$ 35.000, aunque en algunos casos ya han pagado entre US$ 50.000 y US$ 60.000 y aún les dicen que deben al menos otros US$ 35.000.

Leonardo Delgado dijo que, la administración se escuda para no apelar a la expropiación, en que está conformada una comisión cuatripartita para discutir el tema, aunque justamente una de las partes clave en el asunto, el dueño de la tierra, últimamente no se ha presentado.