El uso de los superávit por parte de los gobiernos departamentales, el tratamiento de la Ley de Ordenamiento Territorial en el parlamento y la firma de un convenio con URSEA fueron algunos de los temas analizados en la sesión plenaria del Congreso de Intendentes realizada en Rocha.

A instancias del Intendente de Montevideo, Daniel Martínez, el Congreso de Intendentes reunido en Rocha, resolvió solicitar una entrevista al Tribunal de Cuentas para analizar las normas que habilitan o no a utilizar el superávit de los gobiernos departamentales.

Frente a esto, el jefe comunal de Cerro Largo, Sergio Botana, propuso que una delegación de intendentes concurra a entrevistarse con las autoridades pertinentes lo que también fue respaldado por la unanimidad de los jefes comunales presentes en Rocha.

En la misma sesión se realizó un repartido a los intendentes donde se establece que en referencia al artículo 302 de la Constitución, se entiende que al referirse al superávit el mismo debe interpretarse como una diferencia positiva entre ingresos y egresos de un determinado ejercicio anual.

Asimismo el artículo citado expresa que “todo superávit deberá ser íntegramente aplicado a amortizaciones extraordinarias de obligaciones departamentales. Si dichas obligaciones existiesen, se aplicará a la ejecución de obras públicas o inversiones remuneradas…”.

En tal sentido, existiendo superávit en un ejercicio anual siempre que estén vencidas o no estén comprendidas dentro de un plan de pago y si no las hubiera o una vez efectuada la amortización conforme al criterio señalado, el saldo podrá ser empleado conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 302.

Otro tema abordado tuvo que ver con las discrepancias de todos los intendentes con algunas normas que se establecen en la Ley de Ordenamiento Territorial que se analiza en el Parlamento, a partir de un planteo realizado por la Intendencia de Canelones.

En tal sentido, se aprobó una moción en la que el Congreso de Intendentes trasmite su preocupación ante la eventual votación del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, y expresa el interés de discutir varios aspectos del texto, sobre los que se informó por escrito el pasado 4 de abril.

Estas diferencias y preocupaciones requieren, en opinión de los jefes comunales, y de su equipo técnico multidisciplinario, de modificaciones del texto a consideración, procesadas con la participación del Congreso de Intendentes, ya que no son subsanables vía reglamentaria.