La ong “Movidos por la Vida”, integrada por jóvenes uruguayos cuyo postulado es defender la vida, y que tuvo una notoria gravitación durante la discusión parlamentaria de la conocida como Ley del Aborto, emitió un comunicado ante información difundida recientemente en relación a los médicos objetores de conciencia.

“Movidos por la Vida”, expresa que, “desde tiendas favorables al aborto se ha mostrado sorpresa por el alto porcentaje de objetores de conciencia en el interior del país, que alcanza o se acerca al 100% en varios departamentos, localidades y centros de salud”.

Reconocen sentirse extrañados “porque estos porcentajes ´no condicen con el grado de religiosidad de los uruguayos´. Estas declaraciones no son ofensivas para las personas religiosas, sino para las personas ateas o agnósticas, porque presuponen que los únicos motivos para querer proteger la Vida de los niños y niñas por nacer y de sus madres son de índole religioso”.

Sostiene que se priva “a las personas ateas o agnósticas, del derecho a una ética humanista basada en el carácter inviolable de la dignidad de todo ser humano. Como organización plural que reúne militantes religiosos, agnósticos y ateos, reivindicamos y subrayamos el carácter ético y no necesariamente religioso de toda postura que en defensa de los Derechos Humanos, rechace el aborto”, consigna.

Asimismo, la ong considera inaceptable que quienes promueven el aborto, “busquen con esta información continuar amedrentando a estos médicos, que vienen siendo objeto de persecuciones desde el mismo comienzo de la aplicación de la ley de aborto y que hacen un ejercicio legal y legítimo de su libertad de conciencia, que está en consonancia con los principios de salvaguarda de la salud y la Vida Humana que definen y dan sentido a su profesión”.

La ong, integrada por jóvenes estudiantes, docentes, trabajadores y profesionales de todas las áreas, subraya que brega “por un Uruguay que recoja sus más admirables tradiciones de convivencia plural y democrática”, y reitera su “exigencia hacia las autoridades gubernamentales, de mayor transparencia y rigurosidad en la difusión de los datos relacionados a la aplicación de la ley de aborto”.

“El MSP aún está en debe con la ciudadanía, que espera conocer información detallada en lo que refiere a la evolución mensual del número de abortos, departamento por departamento y por edad de las usuarias, a posibles complicaciones sanitarias de mujeres derivadas de prácticas abortivas, entre otros aspectos”, reclama finalmente.

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