La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual manifiesta su “profunda  indignación” frente al caso de abuso sexual de una niña de 11 años. Además expresa su gran preocupación por la falta de protección del Estado al no realizar la interrupción del embarazo producto de estos abusos sexuales.

“Una niña de 11 años, por su etapa evolutiva y por el daño al que fue sometida en la relación de abuso sexual, no tiene los elementos para decidir sobre su maternidad. No puede dimensionar el daño que ha provocado el abuso sexual en su desarrollo, no está en condiciones para evaluar el impacto emocional que una maternidad producto de la violencia sexual puede acarrear para su vida”, destaca la Red.

Asimismo, considera que dejar la decisión en manos de la víctima, una niña de tan solo 11 años, “es una omisión del Estado y profundiza los daños ya generados por la violencia sexual”, que no es otra cosa que la vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y genera enormes daños.

“Muchos abusos sexuales se dan sin violencia física, sin resistencia de sus víctimas, sin un no de sus víctimas”, ya que, “los abusadores sexuales usan otras estrategias que funcionan mucho mejor que la violencia física o las amenazas”, denuncia la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.

Remarca que “los abusadores usan la seducción, la manipulación, usan su asimetría de poder, a veces usan sus recursos económicos y se aprovechan de las carencias y necesidades materiales; a veces usan el afecto y se aprovechan de las carencias y necesidades afectivas”, entre otras cosas.

En el manifiesto, se plantea que “una sociedad que no puede proteger a una niña de una de las consecuencias de la violencia sexual”, como es el embarazo infantil, y “se ampara en los argumentos de: ´ella desea tenerlo´, ´ella quiere formar una familia´, ha retrocedido 20 años en materia de defensa de los derechos humanos”.

La Red reconoce que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho, y si bien sus opiniones deben ser tomadas en cuenta, escuchadas y valoradas, también “deben ser debidamente informados y deben participar en los asuntos que les conciernen de acuerdo a su autonomía progresiva”.

“Un embarazo infantil producto de una relación violenta constituye un daño  profundo de consecuencias nefastas para el desarrollo y la vida de la niña”, concluye en manifiesto, remarcando que “en todos los casos donde ocurra un embarazo en la etapa de la infancia producto de cualquier forma de violencia sexual, debe ser interrumpido como forma de restituir los derechos vulnerados”.