Organismos públicos, entidades internacionales y agrupaciones de la sociedad civil, presentaron el primer bono de impacto social (BIS). El mecanismo, que permitirá obtener fondos privados para la ejecución de servicios sociales, se implementará en el área de la educación dual, a través del centro educativo Ánima. El piloto prevé un fideicomiso de US$ 600.000 que financiará 4 años de la iniciativa.

Los BIS, son contratos basados en resultados, que permiten la obtención de recursos para brindar servicios sociales de forma anticipada, mediante la inversión privada. Este instrumento involucra, entre otros actores, a los inversores, a los proveedores de esos servicios y a las entidades que participan de los pagos, que abonan la prima a quienes invierten en caso de que se logren las metas planteadas.

En el marco de un plan piloto -primero de su tipo en la región-, el objetivo será aumentar las tasas de finalización de la Educación Media Superior, el trabajo y la continuidad educativa, mediante la educación dual. La formación estará a cargo del centro educativo Ánima, una organización sin fines de lucro, en la que 50 jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica cursarán el bachillerato tecnológico.

El ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, explicó que el Mides procura lograr políticas que generen confianza en la ciudadanía, que las financia con sus impuestos, y consideró que la presentación del bono implica que esa confianza existe. En ese sentido, sostuvo que los programas para primera infancia, juventud e inserción laboral, entre otros, crearon el ámbito propicio para implementar esta nueva herramienta.

Por su parte el titular del Mec, Pablo da Silveira, enfatizó el componente de innovación del mecanismo y destacó la capacidad del gobierno de innovar, como por ejemplo, con la creación del bono de deuda pública asociado a lo ambiental. Así, se buscan nuevas maneras de llegar a una sociedad más justa y más eficiente en el manejo de los fondos públicos, añadió.

En tanto, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación y Formación Profesional (Inefop), Pablo Darscht, indicó que la institución participará en el financiamiento del último de los cuatro pagos previstos a los inversores, relacionado a la empleabilidad. El bono abre perspectivas de futuro para una mayor eficiencia en la implementación de políticas públicas enfocadas en temas sociales, aseguró.

Los indicadores que deberán cumplirse para liberar los pagos a los inversores son: la aprobación del ciclo educativo, la graduación, la obtención de empleo al año de egresar y su mantenimiento por cuatro meses o el pase a la educación terciaria. Las metas se basan en las tasas históricas de aprobación de Ánima.

La iniciativa, producto de un acuerdo entre la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y el PNUD, supone la creación de un fideicomiso de US$ 600.000, conformado con la participación de OPP, el Mides, Mec, Inefop y BID Lab como copagadores (responsables de abonar a los inversores) y al Brou, entre los organismos inversores.