Mediante un comunicado, el Directorio del Colegio de Abogados del Uruguay advierte sobre algunos puntos del Presupuesto Nacional que está siendo tratado por los Legisladores. Señalan que contiene artículos que son inconstitucionales y “alertan” a los legisladores “acerca de la necesidad de no sancionar las normas indicadas en su actual redacción”.

El Directorio del Colegio de Abogados del Uruguay, emitió un comunicado en las últimas horas señalando su “preocupación por algunas normas contenidas en el proyecto de Presupuesto General de Gastos e Inversiones que se encuentra actualmente a estudio del Poder Legislativo”.

Detallan que les preocupa “específicamente” el “cambio de propuesto para la forma de ejecución de determinados fallos judiciales contra el Estado, modificando el art. 400 del Código General del Proceso, resulta inconstitucional por cuanto hace ilusorio el acceso a la justicia de ciertas personas, consagrando restricciones a la plena responsabilidad del Estado y estableciendo un mecanismo violatorio del principio de igualdad al estipular distintos procedimientos para el cobro de juicios contra el Estado dependiendo de quién sea el acreedor”, detallan.

A esto agregan que, “resulta agravado por el hecho de que, en aras de proteger aspectos presupuestales, se pretende postergar a los trabajadores en su derecho al cobro de créditos derivados de sentencias recaídas en los juicios que eventualmente puedan promover contra el Estado”.

También hacen referencia al artículo 425 del presupuesto, el cual según señalan “contraría a la Constitución”, ya que establece “que las instituciones de salud pública y privada no estarán obligadas a brindar tratamientos, estudios, vacunas o medicación que no sean de los definidos por el MSP, quedando así al exclusivo criterio de éste determinar la suerte de quienes, por ser “carentes de recursos suficientes” como lo establece la Constitución, quedarían imposibilitados de acceder a determinados estudios o tratamientos, a diferencia de otras personas que por encontrarse en mejor situación económica, tienen a su alcance métodos de diagnóstico o tratamientos terapéuticos de mayor costo”.

En referencia a lo detallado anteriormente, el Colegio de Abogados del Uruguay señala en su comunicado que “insta a los legisladores a asegurar la adecuación de las normas presupuestales a los preceptos constitucionales respetando el alcance general y abstracto que debe poseer toda ley, lo que resulta improbable cuando se legisla para situaciones de coyuntura”.

También “alertan” a los legisladores “acerca de la necesidad de no sancionar las normas indicadas en su actual redacción” y ofrecen su colaboración para “contribuir a su análisis, así como al de otras disposiciones del proyecto de ley de referencia”.